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La Oficina Andaluza Antifraude ha ordenado a la Junta de Andalucía que revise en un plazo máximo de seis meses el primer contrato menor firmado con la empresa Camino de Andalucía, de José Manuel Soto, a la que se adjudica de forma directa un expediente para el servicio técnico de marketing para el diseño del proyecto Caminos del Rocío por un importe inferior a 15.000 euros . Esta resolución recomienda a la Consejería de Turismo, de quien depende en estos momentos el expediente que inicialmente tramitó el Departamento de Presidencia, a que anule el contrato al haberse detectado claros «indicios de nulidad».La decisión final, en cualquier caso, está en manos de la Consejería de Turismo. Y d esde este área defienden la ejecución correcta del contrato firmado con la empresa de José Manuel Soto : «El contrato tenía por objeto hacer un boceto del proyecto, y eso se ha cumplido puesto que a partir de ese trabajo la Junta afrontó la puesta en marcha del proyecto. Pretenden realizar una causa general sobre el proyecto cuando sólo hay una revisión de oficio de un contrato menor de 15.000 euros». De hecho, la resolución de la Oficina Antifraude a la denuncia de la coalición Por Andalucía recuerda que ya fue archivada la investigación en torno al primer convenio nominativo con la Fundación de José Manuel Soto por un importe de 275.000 euros (a la que luego se añadió otra subvención por un importe similar) «con base en no apreciar indicio alguno de irregularidad que permitiera incoar un expediente de investigación sobre esta actividad subvencional». Pero sin embargo, la resolución, que ha tardado un año y medio desde la formulación de la denuncia, sí detecta «vicios de nulidad» en el contrato menor adjudicado de forma directa a la empresa de José Manuel Soto al evaluar que esta sociedad no tenía acreditada ni la capacidad para ejecutar el contrato ni la adecuada catalogación en su objeto social. «La prestación del contrato está fuera del ámbito de su capacidad de actuación, de lo que se colige una posible falta de idoneidad y capacidad de dicha entidad, que comportaría un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato », concluye la resolución del Tribunal que insta a la Consejería de Turismo a una revisión de oficio del expediente que debe producirse en un plazo máximo de seis meses. Para la formación Por Andalucía, esta resolución demuestra que la empresa de José Manuel Soto «carece de medios ni condiciones para llevar a cabo el contrato que se le adjudicó». A partir de ahí los parlamentarios José Manuel Gómez Jurado y Esperanza Gómez subrayaron que l a siguiente fase son las subvenciones nominativas a la fundación del artista que según sus cálculos suponen ya medio millón de euros. Sin embargo, como destaca la Consejería de Turismo, la investigación sobre los convenios nominativos fue archivada en mayo de 2024 y desde el Gobierno andaluz inciden en que se ajusta a la normativa: «La subvención a la Fundación Destino Rocío ha sido auditada y fiscalizada por la Intervención de la Junta de Andalucía. Prueba de ello es que se ha iniciado un procedimiento de reintegro parcial », explica el departamento. Precisamente, este reintegro fue uno de los elementos cuestionados por el grupo Por Andalucía Este grupo parlamentario ha estado esta semana revisando el expediente (aunque sin que se le autorizara a realizar copias) y estiman que se han devuelto en torno a 30.000 euros en facturas no justificadas. «Te nemos claro que Soto y amigos han comido bien, han dormido en buenos hoteles» , apuntaron. Desde Por Andalucía lamentaron las «trabas y dificultades» con las que aseguran haberse encontrado en la revisión del expediente, circunstancia que fue desmentida por la Consejería de Turismo: « Los parlamentarios han ejercido su derecho: se les ha dado cita y se han podido consultar toda la documentación».