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El cese de la Interventora Jefa de la Junta de Andalucía y, posteriormente, de otros cuatro interventores que ocupaban cargos de responsabilidad por libre designación ha sido el primer envite parlamentario al que ha tenido que enfrentarse el Gobierno andaluz en el inicio del nuevo periodo de sesiones. Toda la oposición en bloque denunció una cadena salidas que vinculó a las investigaciones judiciales por la denuncia contra los contratos de emergencia del SAS y a los informes realizados por este cuerpo, mientras que el Gobierno andaluz reiteró sus argumentos: no ha habido «ceses disciplinarios», han sido salidas por «motivos personales o por reorganización de los servicios».La defensa de la posición del Gobierno andaluz le correspondió a la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, quien reiteró los argumentos que viene planteando el Ejecutivo autonómico desde que las salidas de este cuerpo superior se difundieron: «No es el primer caso de cese de la interventora general ni será el último. Fue a petición propia y por motivos personales» . En cuanto al resto de interventores, la consejera reiteró que en «en ningún caso se han producido por motivos disciplinarios»: «Todo ha sido por reorganización y renovación del servicio». La consejera incidió en que entre el año 2015 y el año 2024, se han producido 473 cambios en la intervención , una media de entre 70 y 80 cambios al año y destacó que no se ha producido ningún cambio en la intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde continúan trabajando los mismos interventores.Pero los argumentos del Gobierno andaluz no convencieron a ninguno de los grupos de la oposición que cuestionaron en bloque la cadena de salidas en la Intervención General así como los argumentos expuestos por la Consejería. PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía hablaron de « escándalo» y de una situación «crítica» en el cuerpo de la Intervención que vincularon a los informes realizados en relación con los contratos de emergencia del SAS. «Están apartando a quienes denuncian la corrupción . Es una caza de brujas, persiguen a quienes denuncian», afirmó la parlamentaria socialista María Márquez, quien ha registrado una iniciativa para que todos los interventores cesados comparezcan en el Parlamento para explicar públicamente lo ocurrido. Por su parte, desde Vox, no sólo cuestionaron los ceses sino también el nombramiento del nuevo interventor general a quien vincularon con la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. La portavoz del PSOE-A, María Márquez olmedoLa portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, acusó al Gobierno andaluz de «faltar a la verdad, refutada por las personas mencionadas» mientras que el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmó que el cese de la responsable de la Intervención y de otros cuatro responsables de áreas supone «un mensaje a todos los trabajadores: el que habla, cae».Este debate fue el punto de partida para el inicio de una agria confrontación en torno a la corrupción (los ERE, la Faffe, la investigación por los contratos del SAS…), el Gobierno de España, los acuerdos con las formaciones nacionalistas catalanas o el nuevo papel doble de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ausente pero presente en cada uno de los debates. «Están tratando de manchar permanentemente el nombre de Andalucía. Ahora somos un oasis de estabilidad mientras que aún sufrimos la herencia de los socialistas y de la corrupción en el Gobierno andaluz», apuntó la consejera de Hacienda, Carolina España. El único problema que sí reconoció la portavoz del Gobierno fue la reivindicación por parte de los profesionales de la Intervención de un nuevo marco de retribuciones: «Se están negociando y vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo. Estamos hablando de un complemento específico. Pero para los que firmen, no para todos. Hay que conciliar estos complementos con el resto de funcionarios».