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El sector de los pisos turísticos en Barcelona pide, de momento, 1.000 millones en reclamaciones por los daños causados por la regulación. Este lunes, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha trasladado que el sector ha iniciado las reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat de Cataluña por el Decreto Ley 3/2023 que regula el sector de las viviendas de uso turístico. Hasta ahora, las reclamaciones suman 1.000 millones de euros e incluyen tanto a propietarios como a gestores vinculados a la actividad. Sin embargo, el plazo para presentar recurso finaliza el próximo 8 de noviembre, un año después de la publicación de la ley, y muchos de los afectados están todavía en trámites para sumarse.En concreto, desde Apartur -la asociación que está ayudando a todos los afectados interesados en presentar sus reclamaciones- calcula que el valor final de las indemnizaciones que deberá afrontar la Generalitat podría superar los 3.000 millones de euros sólo en Barcelona. En toda Cataluña, la cifra podría superar los 7.000 millones de euros.La reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la Generalitat de Cataluña como autora del decreto es una de las vías judiciales que tienen los afectados por luchar contra una regulación que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha anunciado que utilizará para intentar cerrar la totalidad de las 10.101 licencias de uso turístico (HUT) actuales de Barcelona antes de 2028. Collboni anunció a finales de junio la medida con el objetivo de que aumente el mercado de alquiler y compraventa de los pisos para uso residencial. «Será como fabricar 10.000 viviendas» , señalaba el alcalde entonces, después de incidir en que en su opinión el «principal problema de la ciudad» es el del «acceso a la vivienda».Desde el sector se rechaza esta visión, según la cual los apartamentos turísticos son en buena parte responsables del incremento de los alquileres en la ciudad, recordando que únicamente representan el 0,77% del parque de viviendas de la ciudad.Noticia Relacionada estandar No Barcelona anuncia que eliminará todos los pisos turísticos en cuatro años Daniel Tercero El equipo de gobierno municipal, en minoría, quiere aplicar un polémico decreto aprobado por la Generalitat a finales de 2023 para regular las viviendas turísticasSegún informa la patronal del sector en Barcelona, la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat de Cataluña se basa en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Ley, que implica una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en 2028. «Aun faltando cuatro años, los efectos negativos de la nueva normativa ya se han empezado a notar: incertidumbre entre trabajadores y clientes, imposibilidad de amortizar inversiones y pérdida de valor de los pisos» , cuentan desde Apartur, son algunos de los efectos que han llevado a la asociación a iniciar este proceso.«La expropiación de las licencias previstas en el decreto es ilegal por ser contraria a la ley española y a la europea que establecen que siempre debe existir el derecho de indemnización, que este no puede quedar en manos de la administración o del legislador, y que las compensaciones deben ser de carácter económico. Ante la falta de compensación económica, los titulares de HUT tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos 5 años y los beneficios que se obtendrían de continuar con la actividad», explica el representante del sector en la nota de prensa.Una «expropiación forzosa»«Nos encontramos ante una expropiación forzosa encubierta en la que debería indemnizarse económicamente a los propietarios. No hacerlo nos lleva a una situación absolutamente inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea», asegura la directora general de Apartur, Marian Muro.Más allá del derecho a la reclamación de responsabilidad patrimonial, la patronal de los pisos turísticos de Barcelona cuenta que también se siente avalada por el estudio que elaboró de oficio la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) –organismo que depende del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat– y que ya señalaba que el Decreto de viviendas de uso turístico no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad y que era indiscriminado y abusivo. En su informe la ACCO pedía al Gobierno más rigor para impulsar una regulación eficiente.Otro informe contrario a la ley es el que publicó la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC), que también cuestionaba la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y la Comisión Europea ha abierto un expediente por vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta regulación por parte la Generalitat.Por todos estos motivos, Muro cree que «los tribunales acabarán dando la razón al sector». En este senido, el PP presentó en su momento un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Govern sobre el que el Ayuntamiento de Barcelona, y otros consistorios que así lo decidan, se ampara para anunciar el cierre de los apartamentos.Pese al convencimiento de que la medida no entrará en vigor , desde la patronal se recomienda firmemente a todos los afectados que aún no lo hayan hecho que presenten sus reclamaciones patrimoniales dentro del plazo previsto por si la norma no fuera anulada.Desde la patronal de los apartamentos se defiende que clausurar todos los pisos turísticos causaría un gran impacto sobre la economía de Barcelona, en tanto que los pisos para visitantes representan sobre el 40% de la oferta de alojamiento de la ciudad . Del mismo modo, recuerdan que el perfil de usuario de los apartamentos es precisamente el que busca la ciudad para aminorar el impacto del turismo: familias o parejas en un 75% de los casos, y estancias más largas, 5,2 noches de media, nada que ver con el impacto de los cruceristas, otro sector al que el Ayuntamiento ha puesto en el punto de mira.