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En línea con el activismo fiscal del Gobierno, y los anuncios del propio presidente Pedro Sánchez de nuevos impuestos a los ricos para financiar la financiación singular de Cataluña y la reforma del sistema también para todas las demás autonomías, la vicepresidenta Díaz ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana una propuesta que ya se barajó en la pasada legislatura: acabar con el IVA cero para la sanidad y la educación privada. Debo reconocer que personalmente me parece un profundo error. Encarecer el precio de la sanidad y la educación privada lo único que va a hacer es expulsar a familias que ahora la utilizan hacia la sanidad y la educación pública. ¿Es eso lo que queremos? Desde el punto de vista económico me parece un profundo error. E incluso es perjudicial para los actuales usuarios de la sanidad y la educación pública.De hecho, creo que incluso sería positivo incluir algún tipo de beneficio fiscal para quien utilice los seguros y las escuelas privadas porque ahorra un buen dinero a las arcas públicas. De hecho, quienes no utilizan los servicios públicos pagan los mismos impuestos que si los utilizaran. De hecho, normalmente son las personas con rentas más altas y que más tributos pagan los que más usan lo servicios privados, aligerando así los públicos. ¿Qué hay de malo en ello?El hecho de atacar estos servicios, como habitualmente hacen Sumar y Podemos, no tiene ningún tipo de soporte económico o de intento de mejorar los servicios públicos, sino que se trata de una medida totalmente ideológica que lo que puede provocar es más saturación en la educación y la enseñanza pública. O si se quieren mantener los mismos ratios de alumnos por clase, o de enfermos atendidos por médicos se tendría que incrementar considerablemente el presupuesto ya abultadísimo de ambas partidas.Por el contrario, si dejáramos a un lado la ideología y el tabú hacia lo privado, podríamos observar que en estas materias, como en otras muchas, la colaboración público-privada puede ayudar a hacer todo más eficiente y a descongestionar la saturada sanidad pública.Si alguien que paga un seguro privado puede hacerse análisis o pruebas diagnóstica en lo privado, con menos tiempos de espera, ¿qué problema hay en que luego lleve esas prueba a la Seguridad Social si tiene confianza con su médico de cabecera? Desde mi punto de vista, ninguno. Al revés, esta colaboración ahorra unos euros a la sanidad pública y un tiempo muy valioso al ciudadano. En este sentido, en un mundo cada vez más digitalizado, lo más útil sería que cada ciudadano pudiéramos tener en un una tarjeta, o en cualquier dispositivo digital nuestro historial médico, las pruebas que nos hacen en unos sitios u otros, da igual que sean públicos o privados, y que con ellos nos pudieran atender en cualquier lado. La demonización de lo privado, quizás por eso de que no se puede controlar, solo puede servir para degradar los servicios públicos. Dejemos libertad para que quien quiera y pueda pagárselo utilice los servicios privados. Incluso incentivémoslo, para que al reducir el número de usuarios de lo público, reduzcamos también su saturación y elevemos su calidad. Subir el IVA a la educación y a la sanidad privada quizás permita a Hacienda recaudar unos cuantos miles de euros, pero muy probablemente será menos dinero que el incremento de los costes que conllevaría el tener que atender en los colegios y los centros sanitarios públicos a las familias que dejen de ir a la privada por el aumento de los precios.