Proletarización de las rentas
El salario mínimo interprofesional (SMI) no es un indicador del éxito de un país, sino, muy al contrario, un dato que señala cuán frágil es una economía y que alerta de los desajustes que subsisten en ella. Que casi dos millones y medio de personas lo perciban en España es un indicador de las debilidades de nuestro capital humano y del escaso valor que añaden esos empleos al producto nacional. Nada de lo que enorgullecerse. Esta es la razón por la que resulta patético que la coalición de izquierdas que gobierna España se dispute públicamente, año tras año, el mérito de haber conseguido que el SMI suba. Este año, sin embargo, hay un elemento que ha añadido tensión a la decisión, y es el hecho de que con la subida de 50 euros en torno a un 20 por ciento de los trabajadores que perciben el SMI sufrirán retenciones de hasta 300 euros en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque Hacienda se ha negado a elevar el mínimo exento para tributar.Esta decisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no fue anunciada en el Consejo de Ministros que ayer aprobó la subida, según denunció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la conferencia de prensa posterior. Esto provocó una situación incómoda y tensa entre Díaz, que decía haberse enterado por la prensa, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que lo negaba. No hay precedentes de que una coalición dirima sus diferencias en una conferencia de este tipo, lanzándose pullas y evidenciando su desacuerdo, aunque no es la primera vez que la izquierda radical confiesa que no se ha enterado de lo que se ha tratado en el Consejo de Ministros del que forma parte.Díaz mostró toda su frustración con la decisión de Montero y dijo que la justicia fiscal empieza por los que más ganan. En esto se equivoca –como ha hecho el Partido Popular que ha decidido secundar la posición de Sumar en el Congreso–, pues la Constitución define que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica». Que las rentas más altas tengan que aportar más no significa que las bajas deban ser excluidas de ajustar cuentas con Hacienda por mor de un paternalismo propio del populismo o del absolutismo, que facilita que prospere la economía informal y decaiga la moral tributaria. Si algo ha hecho bien Hacienda desde la pandemia ha sido incluir las ayudas sociales, como el ingreso mínimo vital, en el esquema tributario español. Esto ha evitado que prolifere la economía sumergida y el coleccionismo de ayudas, aunque ha provocado desajustes que han hecho que en algunos casos se estén reclamando a sus perceptores cantidades a las que tal vez no tenían derecho. Si se ha procedido así con ayudas y subsidios, no hay razón para que las rentas mínimas queden excluidas de la tributación. El SMI ha subido un 61 por ciento desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. El alza supone un sacrificio importante para las pequeñas y medianas empresas y para algunos sectores poco productivos. El verdadero problema al que nos enfrentamos con este fuerte incremento es que la distancia con el salario mediano que cobran los españoles se ha reducido radicalmente. Si a esto unimos el aplastamiento de las rentas que delata el escaso crecimiento de la renta per cápita, estamos en presencia de una alarmante proletarización de las clases medias españolas. El problema, por lo tanto, no es el SMI, sino la falta de crecimiento que acusa el resto de las rentas en España.