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El Gobierno de Trump avanza con su programa, enfocado en el proteccionismo comercial y la deportación de inmigrantes indocumentados. La temática era de esperar, aunque no la velocidad y el alcance de sus iniciativas. Con aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y de México, y del 10 a las de China, Washington sanciona a sus principales socios comerciales . El proteccionismo no es una buena idea, menos cuando se emplea de forma indiscriminada. Se distorsionan los precios, resultando un perjuicio para los consumidores. Beneficiados por los aranceles, los productores locales aprovechan para aumentar sus precios. Las represalias externas afectarán a las exportaciones estadounidenses y con ello al empleo en dichas empresas. Menos acceso al mercado estadounidense, a su vez, afectará el empleo en los países arancelados, aumentando así la presión migratoria. El proteccionismo colisiona con los objetivos centrales de la campaña del Partido Republicano: reducir la inflación y controlar la migración irregular. Sorprende la fundamentación de la medida, menos un instrumento de política comercial que una herramienta coercitiva para obligar a Canadá y a México a controlar la inmigración y el flujo de drogas. De ahí que la orden ejecutiva de Trump deba leerse como un incentivo y una exigencia a actuar, como una denuncia. Por ello condena «una intolerable alianza del narcotráfico con el Gobierno de México», al que responsabiliza de proporcionar protección a los cárteles (‘safe haven’) para fabricar y traficar drogas e involucrarse en la trata de personas y el contrabando, permitiendo «la penetración y expansión del crimen organizado en EE.UU.». La cooperación de ambos vecinos se ve como condición necesaria para resolver la crisis de salud pública causada por la adicción a las drogas. Los aranceles se convierten así en un método para extraer concesiones. Prontamente México y Canadá comunicaron su voluntad de cooperar, comprometiéndose a reforzar los controles fronterizos. Los aranceles fueron pausados por un mes, pero dada la sensibilidad de los mercados la turbulencia financiera quedó instalada.Las medidas en cuestión pueden generar una externalidad positiva, poniendo arriba de la agenda el principal problema de la región: la captura del Estado por parte del crimen organizado, o sea, la narcopolítica. Ocurre que el ‘safe haven’ no es de ahora. Los Guerreros Unidos, el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación llevan décadas operando. Recuérdese la liberación del hijo de Chapo Guzmán en 2019 en Culiacán, ordenada por López Obrador, y su cálido saludo a la madre del Chapo en 2020; lo llamó «abrazos y no balazos». El mismo partido político gobierna hoy; es razonable asumir continuidad. Y no es sólo México. En 2020, un tribunal de Nueva York acusó a altos funcionarios de la dictadura venezolana y el Departamento de Justicia ofreció recompensas por información que condujera a su captura. Maduro y otros funcionarios fueron acusados por sus vínculos con el cártel de los Soles y las FARC disidentes en la comisión de actos de narcoterrorismo. El Tren de Aragua, por su parte, asesinó a un oficial naval venezolano exiliado en Chile, según confirmó el Gobierno de Boric. En Colombia, la reciente violencia entre el ELN y las FARC disidentes evoca un pasado de narcotráfico, insurgencia y política, agregándose ahora el régimen de Maduro a través del ELN. En Ecuador, la penetración del narcotráfico está ligada al correísmo, con ciclos de violencia seguidos por periodos de relativa calma. Es la ‘pax narca’, producto de la negociación de la política y el narcotráfico. Estos ejemplos ilustran un problema de toda la región: el crimen organizado como actor político . Hace las veces de partido, ya que selecciona candidatos, financia campañas y decide elecciones, con plata o plomo. La democracia es una ficción cuando el Estado abdica ante un narcoestado que define derechos de propiedad (ocupa terrenos para sus cultivos), recauda tributos (extorsiona) y usa la violencia sin ley y a discreción. Quien controla el territorio tiene el poder; nadie lo entiende mejor que los cárteles. Las Américas necesitan protección, pero no arancelaria, sino contra la narcopolítica. SOBRE EL AUTOR HÉCTOR SCHAMIS es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown