Noticia

Se abolió por la vía de los hechos la política de dispersión y todos los presos de la banda terrorista ETA fueron acercados en tiempo récord a prisiones vascas. Después, se cedió la competencia sobre el sistema penitenciario al gobierno del País Vasco, que no ocultó su apuesta por el régimen abierto y comenzó a conceder terceros grados que, en al menos una veintena de casos, hubo de revocar la Justicia porque no cumplían los requisitos legales. Después, llegaría la convalidación de las penas cumplidas en Francia, que acortará ostensiblemente la estancia en prisión de quienes antes penaron allí por otros delitos. Y ahora el entorno proetarra dirige a Pedro Sánchez , que ha cumplido, después de negarlo, con cada uno de estos pasos, hacia la exigencia definitiva: una reforma de la ley que en 2003 alargó las penas máximas y blindó el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo. «Lo ocurrido en los últimos días no es irrelevante de cara al futuro. Estamos en otro momento», afirmaba este jueves Sare, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, en un comunicado celebrando la eliminación de la disposición adicional que impedía convalidar las penas anteriores al año 2010. Un cambio que era una reclamación histórica de EH Bildu y sus entidades afines, que impulsó sin publicidad el Gobierno de coalición y fue aprobado con el voto a favor de toda la oposición, que no se percató de las consecuencias. Tras la jugarreta, con la incorporación de «dos apartados expresamente redactados teniendo en cuenta un perfil de personas condenadas» que pasaron desapercibidos y que el PP intentaría después sin éxito revertir desde el Senado, Sare celebraba este jueves que hasta 52 miembros de ETA (46 en el País Vasco, cuatro en Francia y dos en Navarra) podrán ver reducidas sus condenas. Siete de ellos, según los cálculos de esta asociación, saldrían de la cárcel este mismo año, al haber amortizado ya el cumplimiento máximo aplicando ese descuento. Son cifras similares a las que maneja la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y que tienen matices, porque las liquidaciones de condena se analizan caso por caso. Para Sare, cuya presidenta ha ido en las listas del partido de Otegi, incluso debería ser «motivo de satisfacción para todo ciudadano con sensibilidad democrática» que decenas de etarras salgan de la cárcel bastantes años antes de lo previsto .Noticia Relacionada estandar No La presidenta de la AVT critica al PP su «enorme falta de respeto» por el uso de fotos de víctimas de ETA Inés Ruiz-JiménezLa cuestión es que, aprovechando la coyuntura de debilidad del Gobierno de PSOE y Sumar y su dependencia de la izquierda independentista vasca, este objetivo se da por cumplido y se mira ya hacia el siguiente. «Ahora, con fuerzas renovadas por esta nueva situación, nos toca continuar dando pasos», afirmaron ayer mismo, exigiendo que se sigan modificando lo que consideran «leyes de excepción». Toca revisar el cumplimiento íntegro de las penas. Algo sobre lo que advertía también ayer la presidenta de la AVT, Maite Araluce, muy consciente de esa hoja de ruta . «Si Pedro Sánchez sigue gobernando, lo van a hacer pronto». Y es que las víctimas llevan años avisando del plan que llevaría a cabo el Ejecutivo para contentar a sus socios y no les ha hecho falta ser adivinos, pues lo que está logrando la formación de Otegui «a costa de votar lo que sea», aseveraba ayer Araluce en Nueva Economía Fórum, son reivindicaciones históricas de los presos de ETA. Hasta 40 añosLa ley de 2003 modificó al alza todos los límites máximos de estancia en prisión en función de la gravedad de los delitos hasta un tope de 40 años, al tiempo que estableció el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo y fijó que las redenciones pasaran a calcularse sobre la liquidación de la pena completa. El entorno de los presos de ETA lleva años reivindicando abolir lo que califican de «excepcionalidad», la misma bajo cuyas condiciones han sido condenados todos los delitos terroristas cometidos desde 2003 en España, incluidos el 11-M o el ataque yihadista de Barcelona y Cambrils. Sus responsables también se verían afectados si se acomete una reforma. Las víctimas temen que sea el siguiente paso porque el resto de los que anticiparon como parte de esa hoja de ruta se han acabado cumpliendo, en lo que la oposición califica de «pacto encapuchado». ABC consultó ayer a EH Bildu, tanto en el País Vasco como en el Congreso, si hace suya esa reivindicación de rebajar el límite máximo de permanencia en la cárcel para beneficiar a más etarras. Los primeros no contestaron y los segundos se limitaron a despachar que «nuestra posición es la misma de siempre y no ha variado: cumplimiento de la legislación ordinaria». La misma que acaban de modificar para que medio centenar de etarras se descuenten en España sus años de cárcel en Francia no por los mismos delitos, sino por otros distintos. Mientras, Etxerat anunciaba la libertad condicional para el etarra Unai López Ocáriz.