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El abogado del empresario Alberto Luceño, empresario y comisionista que desde este martes se sienta en el banquillo de los acusados por el supuesto primer ‘pelotazo’ con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, solicitó al Tribunal incorporar al juicio todos los WhatsApps y audios intercambiados entre Luceño y Luis Medina, el otro empresario acusado. Entre ellos, se ha referido a un audio en el que quedaría claro, según ha expuesto el letrado defensor, Miguel Gala, que «el Ayuntamiento no se sentía estafado» con la operación.La defensa del aristócrata Luis Medina, que ejerce José Antonio Choclán, ha pedido incorporar también a las pruebas documentales dos audios entre Medina y Elena Collado , responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, en el que quedaría claro que ella conocía «el precio de fábrica y el precio de compra» del material sanitario, según su abogado defensor. La presidenta del Tribunal, Ángela Acebedo, ha manifestado que el Tribunal accede a incorporar audios, pero ha pedido a las defensas que seleccionen los que consideren más relevantes, no todos.Los representantes legales de PSOE y Más Madrid en el consistorio de la capital española, Alberto Cachinero y Gloria Zapico han solicitado, por su parte, que el alcalde José Luis Martínez Almeida declare como testigo en el juicio. El Tribunal ha descartado dicha testifical, como ya lo hizo en un auto previo de solicitudes de testigos en el juicio. Durante la primera jornada del juicio, que ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado claro que la línea de defensa de Luceño y Medina, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita 9 y 15 años de prisión , respectivamente, por los presuntos delitos de estafa y falsedad en los contratos de compraventa de mascarillas, irá encaminada a justificar que el Ayuntamiento estuvo conforme con la operación. Los contratosEn el escrito de acusación, el fiscal consideró que la intención de los acusados fue «enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios» por medio de los tres contratos con la Empresa Municipal como compradora y la compañía malaya Leno Sdn Bhd como vendedora para adquirir 1 millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 pares de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos de Covid por 4,2 millones de dólares.La defensa de Luceño también ha solicitado asegurar la testifical del empresario malayo San Chin Choon, con quien los investigadores tuvieron imposible contactar durante la instrucción, dudándose incluso de su existencia. Para ello, ha solicitado al Tribunal que contacten con la Embajada o el Consulado de Malasia en España para que la declaración testifical tenga lugar allí y se constate la identidad del testigo. En este sentido, el Tribunal manifestó, a través de la presidenta, que la Embajada o el Consulado no está obligado a realizar dicho trámite y no se trata de un “punto seguro” jurídicamente, por lo que ha rechazado la testifical del empresario malayo. Ha considerado, igualmente, que su testimonio no es “esencial”. En la misma línea se había manifestado el fiscal Luis Rodríguez Sol, quien también se había opuesto a la petición, considerando que hasta ahora ha quedado clara la falta de intención del ciudadano internacional por colaborar en la causa.Nulidad de la causaLa defensa de Luceño ha considerado que la causa es nula por irregularidades en la entrada y registro de la vivienda del acusado que, según ha denunciado, se produjo casi dos años y medio después del inicio de la instrucción en el Juzgado 47 de Madrid, además de porque el auto que la autorizó fue posterior al escrito de la Fiscalía al respecto, cuando debería ser al revés.En caso de que el Tribunal no vea motivos para la nulidad absoluta en la sentencia, -de la que será ponente el magistrado Jacobo Vigil-, el abogado Gala ha solicitado, subsidiariamente, al menos la nulidad de la documental incorporada a la causa con motivo de dichos registros y que no se especificaban en el auto de entrada y registro. Las dos testigos respaldan a los empresariosEn la sesión de este martes han declarado dos testigos: María Díaz de la Cebosa, que fue profesora de Luis Medina en la universidad College for the International Studies, y Matilde García Duarte, ex coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid en 2020. La primera, con quien se puso en contacto Medina para pedirle el contacto de Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde madrileño, con el fin de ofrecer al Ayuntamiento el material sanitario del que podía disponer, ha sostenido que en ningún momento puso en duda si era una persona fiable. “Mi obligación como persona y como española era moverlo y lo mismo le pasaría a Carlos”, ha afirmado la testigo, quien ha recordado nada más comenzar su comparecencia que “en España se necesitaban las mascarillas de forma muy urgente, todos estábamos muy preocupados con ese tema”. Ella ha explicado que, una vez Medina contactó con ella, telefoneó a su amigo Carlos Martínez Almeida, a quien conocía porque era abogado de una de las fundaciones de su universidad y le comentó que un antiguo alumno, con una empresa de ‘trading’, le afirmó que tenía posibilidades de traer material sanitario a España. Entonces, el primo del alcalde le indicó: “Dale mi número a Luis Medina y yo le mando la información que me pide o le pongo en contacto. Y así fue”, ha afirmado la testigo.”¿Él le dijo si hacía una misión altruista o si hacía negocio?”, ha preguntado el fiscal. “Él me dijo que quería ayudar pero que lo haría a través de su empresa. Yo más de ese tema ya no sé. Tengo esa empresa, he conseguido esto con mi socio, dijo”, ha explicado Díaz de la Cebosa, quien ha afirmado, a preguntas del abogado del PSOE, que “le consideraba una persona y un empresario respetable”.Después de ella, ha comparecido la coordinadora de la Alcaldía en aquél momento, García Duarte, quien ha confirmado que, de entre todos los correos que llegaron al proporcionado desde el consistorio para recibir las ofertas de material (altruista o no) entró a comprobar si había llegado uno de Luis Medina porque Carlos Almeida se lo pidió, pues no había contestado al primero, así como que habló con el empresario en dos ocasiones. “En nuestro departamento no teníamos responsabildiad de esos contratos, sólo gestionar los ofrecimientos que eran a título gratuito. Los onerosos, se remitían a los organismos competentes”, ha explicado. “Quedaba claro que era un negocio oneroso”, ha añadido.