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El conflicto entre las asociaciones representativas del sector turístico y el Gobierno a cuenta del Real Decreto 933/2021 , que obligará a las empresas a compartir los datos de sus clientes con la policía, sigue en marcha y no da visos de apagarse. Tras meses de presión, y cuando apenas faltaba una semana para que se empezaran a interponer las multas por incumplimiento -el decreto está en vigor desde enero de 2023-, el lunes el Ministerio del Interior alargó el plazo para la plena aplicación hasta el dos de diciembre . En un comunicado aseguraban hacerlo por razones «técnicas» y «para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos», cosa que no era el objeto de esta polémica. Noticia Relacionada estandar No Los hoteles españoles registraron el mejor agosto de su historia a pesar de la caída del turismo nacional ABC Los precios se incrementaron un 6,4% en agosto, según el informe sobre Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de EstadísticaLa respuesta de la patronal hotelera no se ha hecho esperar. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas, ha afirmado que con el aplazamiento no se corrige una medida que consideran «desproporcionada» , insistiendo en que el problema no radica en la falta de tiempo para la adaptación tecnológica, sino en el contenido de la norma, »incompatible con la realidad del sector turístico«. Por boca de su presidente, Jorge Marichal, Cehat ha hecho hincapié en la necesidad de revisar el decreto «en profundidad» y en que «se deben desarrollar propuestas que garanticen la seguridad jurídica tanto para viajeros como para empresas, sin comprometer la competitividad de España como destino turístico».Además, Marichal ha recordado que a pesar de que el proyecto dio lugar a la protesta «inaudita» de todos los que se verían afectados, hoteleros, plataformas de intermediación y de comercialización de viviendas de uso turístico, agencias de viajes, turismo rural, campings y empresas de alquiler de vehículos, en el último año no ha habido un diálogo constructivo con el Ministerio del Interior.Incluso las asociaciones turísticas de la Unión Europea se unieron al sector español el pasado 19 de septiembre para trasladar al Ejecutivo de forma conjunta y por escrito las consecuencias dañinas del decreto. Una norma de imposible aplicaciónCon el pretexto de combatir la delincuencia y el terrorismo, en un país, no hay que olvidarlo, por el que pasan unos 80 millones de turistas cada año, el nuevo registro de viajeros obliga a los establecimientos de hospedaje, empresas de alquiler de vehículos, agencias de viajes y demás intermediarios a tomar y compartir con la policía un sinfín de datos de cada uno de sus clientes: nombre, edad, dirección, correo electrónico, numeración de las tarjetas de crédito y fechas de salida, entre otras cosas. Como ha explicado a ABC Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo , hace meses que vienen reclamando al ministerio que ponga el contador a cero y revise de arriba a abajo la medida que pretende imponer, porque para las empresas supone una carga de trabajo excesiva, porque podría entrar en conflicto con la Ley de Protección de Datos, porque es ineficaz -«¿cómo sabemos que la dirección que nos da un cliente es la auténtica?», comenta Abella- y porque podría tener un efecto disuasorio en los visitantes extranjeros, por lo general reacios a compartir cierta información con el personal de un establecimiento (España es el único país de la UE en el que los hoteles envían los documentos de identidad de sus huéspedes a las autoridades).Campings y agencias de viajes también piden cambiosEn la misma línea que Cehat, la Federación Española de Campings (FEEC) ha mostrado su descontento ante el aplazamiento propuesto, afirmando que el problema del ministerio que dirige Grande-Marlaska es que no conocen la operativa de los alojamientos turísticos. No se trata de «posponer esto por un tema técnico o tecnológico, sino de cumplir con la normativa de la Unión Europea», ha afirmado la presidenta de FEEC, Ana Beriain. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) , por su parte, ha celebrado la decisión de Interior, pero sin dejar de insistir en que quieren que las agencias queden excluidas del decreto. Su petición se basa en el hecho de que se les quiere obligar a recoger una información que será remitida también por los hoteles en el momento del registro de los huéspedes, cosa que supondría una «duplicidad innecesaria» y «hasta perjudicial» para el objeto que se pretende, que no es otro que la seguridad, opina José Manuel Lastra, vicepresidente de CEAV. Ministerio y patronal están citados para otra reunión el cuatro de octubre ; si no ocurre nada antes, entonces sabremos qué pasa con esta polémica medida.