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El Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de transferir a la Generalitat de Cataluña las competencias de control en puertos y aeropuertos, actualmente en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta decisión, además de suponer una cesión política sin precedentes, plantea serias dudas sobre su legalidad y viabilidad operativa. Pero, sobre todo, pone en riesgo la seguridad de nuestras fronteras en un momento en el que los desafíos en materia de inmigración, terrorismo y crimen organizado exigen un control firme y coordinado.La Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan con una dilatada experiencia en el control de fronteras. Sus unidades especializadas, formadas para detectar amenazas, controlar el flujo migratorio y evitar el tráfico de sustancias ilegales, han demostrado una capacidad operativa que difícilmente puede ser igualada en el corto plazo por los Mossos d’Esquadra. Este cuerpo autonómico, a pesar de sus esfuerzos, ya se enfrenta a dificultades para garantizar la seguridad en todo el territorio catalán. No es un secreto que casi todos los municipios de Cataluña sufren una falta de efectivos preocupante, lo que hace cuestionable que puedan asumir una carga adicional de tal magnitud.Por otro lado, la fragmentación de la seguridad fronteriza podría derivar en una pérdida de eficacia en la lucha contra redes criminales y amenazas transnacionales. España ha trabajado durante décadas en la construcción de una política de fronteras coordinada con sus socios europeos y la transferencia de competencias a una administración autonómica podría debilitar estos lazos y generar disfunciones en la operativa.Más allá de la justificación técnica y operativa, esta decisión responde a intereses políticos que poco tienen que ver con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. La cesión de competencias en un área tan sensible parece más bien una concesión a los socios independentistas del Gobierno central que una medida basada en criterios objetivos. De hecho, la legalidad de esta transferencia es, cuanto menos, dudosa, como han advertido diversos expertos y representantes de los cuerpos de seguridad.España necesita reforzar, no debilitar, sus fronteras. Y para ello es imprescindible que la seguridad siga en manos de quienes cuentan con la preparación y los recursos necesarios. La Guardia Civil y la Policía Nacional han demostrado su capacidad en la protección del país, y ceder competencias por presiones políticas es un error que podría tener consecuencias graves. La seguridad nacional no debe ser moneda de cambio en negociaciones partidistas.Agustín Parra Gallego es diputado en el Congreso por Barcelona y vocal de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional