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En pleno debate sobre el modelo de financiación autonómica y de la autonomía fiscal de las comunidades, a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC para Cataluña, el Gobierno andaluz ha vuelto a fijar posición: consolidará su modelo de rebajas fiscales, criticado por el Ejecutivo central, e incluso trabaja ya en ampliarlo con nuevas medidas orientadas a incrementar las bonificaciones fiscales en el acceso a la vivienda, la captación de inversiones o el apoyo a las familias. Según los cálculos de la propia Consejería las actuaciones que están en marcha en estos momentos tienen un coste anual de 900 millones de euros y un alcance de 4 millones de personas. Cifras en la que basa el Ejecutivo central y la oposición sus críticas por «contradicciones» en la gestión andaluza: «se amplían las reducciones en impuestos al tiempo que se pide más financiación al Estado por la situación límite de los servicios públicos». La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dejó claro ayer en el Parlamento que pase lo que pase con la financiación, diga lo que diga el Gobierno central que está intercalando su defensa de un nuevo modelo de financiación con las críticas las rebajas fiscales de autonomías gobernadas por el PP y pese a la situación «límite» de los servicios públicos denunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, no habrá cambio alguno en la política fiscal. Más bien todo lo contrario: «Nuestra acción de gobierno va dirigida a consolidar la bajada de todos los impuestos cedidos asegurando la necesaria estabilidad en la normativa tributaria que proporcione seguridad jurídica, y al mismo tiempo, seguir estudiando medidas fiscales, con un enfoque más selectivo y sin generar desequilibrios presupuestario»La realidad es que hay poco margen fiscal ya para introducir revisiones. No sólo por la necesidad de seguir incrementando el gasto público año tras año, sino también por las limitaciones legales, dado que, en estos momentos, el margen autonómico en materia fiscal es limitado. Desde 2018 se ha actuado en el tramo autonómico del IRPF, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte y Tributos sobre el Juego. Por este motivo, en lo que trabaja ahora el Gobierno autonómico es en posibles medidas fiscales que se puedan introducir en los presupuestos autonómicos de 2025, los últimos completos de gestión de esta legislatura que se presentarán en las próximas semanas, o ya en 2026, en un año electoral. Y estas medidas girarán en torno a tres ejes, según confirmó la consejera de Hacienda. El primero, poner en marcha «medidas dirigidas a la atracción de empresas , la inversión, el talento, la generación de empleo y la transformación digital». Se trata, en este sentido de iniciativas dirigidas a autónomos, emprendedores y empresas que puedan ampliar la capacidad de generación de actividad económica. Se sigue así la estela de medidas puestas en marcha en los últimos años como la de facilitar a Pymes el pago de deudas flexibilizando las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de pagos. En segundo lugar, las políticas orientadas a mejorar la tributación en el acceso a la vivienda . Para la Consejería de Hacienda las medidas implementadas en este ámbito en los últimos están permitiendo «aliviar de manera considerable la carga fiscal en el acceso a la vivienda e impulsar y reactivar el sector inmobiliario». En total, las medidas implementadas en este ámbito han supuesto una rebaja de en torno a 300 millones de euros en tributos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las deducciones en el IRPF o el programa de avales autonómicos ante los bancos para el acceso a una vivienda al que han accedido 1.153 jóvenes. Se trata en este caso, sobre todo, de ampliar medidas ya existentes cuyo resultado se ha comprobado como positivo. Por último, un paquete de actuaciones para «mejorar la tributación de las familias y colectivos vulnerables ». En este caso, se han adoptado ya medidas como las deducciones por ayuda doméstica, por nacimiento y adopción de hijos, por familias numerosas o por gastos de escolaridad, una medida esta última reciente y que ya ha beneficiado a 123.000 familias. «Bajar impuestos más una gestión eficaz es igual a mejorar todos los servicios públicos para los andaluces. Esa es la ecuación del Gobierno», defendió la consejera, Carolina España , quien subrayó que estas medidas fiscales han permitido incrementar la recaudación total autonómica y por tanto aumentar de forma progresiva los gastos en servicios públicos como la sanidad o la educación. La Junta pone su modelo en contraste con el que denuncia que mantiene el Gobierno central: «Es evidente que las recetas que queremos aplicar son diferentes a las de gobiernos anteriores y las que quiere aplicar el Gobierno de Pedro Sánchez ». La consejera acusó en este sentido al Ministerio de Hacienda de incrementar la presión fiscal y denunció expresamente la decisión de crear el Impuesto sobre las Grandes Fortunas para frenar la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. «Y ahora van a crear más impuestos que pagaremos todos para pagar los acuerdos de Cataluña» zanjó. La respuesta del Gobierno andaluz a los planteamientos en torno a la financiación y la autonomía fiscal del Ejecutivo central coincide de nuevo, con la planteada por el Gobierno de la presidenta de Madrid, I sabel Díaz Ayus o, quien ayer mismo anunció que no sólo consolidaría sus medidas fiscales sino que tiene como objetivo aumentar las deducciones al alquiler y las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones, medidas valoradas en más de 180 millones de euros. Respuesta de la oposiciónDesde la oposición, no obstante se reiteraron las críticas en torno a la política fiscal del Gobierno andaluz. Tanto el PSOE como la coalición Por Andalucía señalaron que se habían producido «regalos fiscales a los más ricos a costa de reducir el dinero disponible para los servicios públicos» y lamentaron la falta de «responsabilidad y progresividad fiscal» en las políticas de la Administración autonómica. «Las reformas fiscales han beneficiado sólo a las rentas más altas de Andalucía», apuntó la diputada socialista Alicia Murillo.Las dos formaciones de la izquierda parlamentaria cuestionaron además las «contradicciones» del Gobierno andaluz y lamentaron que por un lado se defienda que ha conseguido incrementar sus ingresos con rebajas fiscales y por otro que hay una situación financiera crítica por falta de recursos del Estado. En esta línea la portavoz de Por Andalucía Inmaculada Nieto advirtió que el Gobierno «presume por un lado de que cada vez hay más inversores y grandes empresas que vienen a Andalucía por las medidas fiscales y por otro se acusa al Gobierno central de provocar que huyan de Andalucía con el Impuesto de Grandes Fortunas».En el otro extremo Vox reclamó más medidas de rebajas fiscales en Andalucía y reivindicó su participación en las iniciativas fiscales que se pusieron en marcha a partir de 2018.