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Medios públicos al servicio de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y, desde hace sólo unas semanas, también secretaria general del PSOE-A, la andaluza María Jesús Montero. Es lo que ha hecho este lunes el Gobierno en el caso del hotel El Algarrobico, una edificación ilegal levantada en la costa almeriense que suma un rosario de procedimientos para su derribo. Montero acudió a Almería —donde por la tarde participaba en un acto político como secretaria general del PSOE andaluz—, para anunciar frente al citado hotel que el Gobierno expropiará su parte para demolerlo , saltándose así los pasos acordados.Y todo ello pese a que se trata de un asunto que compete al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tal y como figura en la comisión mixta constituida en marzo del año pasado. Se trata de la comisión de seguimiento del protocolo de colaboración entre el citado Ministerio y la Junta de para recuperar la playa sobre la que fue levantada dicha mole de hormigón.Montero convocó una rueda de prensa frente al hotel para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se declara la utilidad pública de las parcelas en las que actualmente se ubica el hotel, cuya construcción fue paralizada hace más de veinte años por ser ilegal y levantada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Según explicó, el objetivo es expropiar los terrenos que se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre sobre el que se levantó el inmueble con la intención de proceder a su demolición en cinco meses , un anuncio con un marcado carácter partidista.Falta de lealtad y sin respetar lo acordadoDesde la Junta de Andalucía no tardaron en afear este oportunismo político por parte del Gobierno y de la propia Montero, a los que acusaron de demostrar una evidente «falta de lealtad» con la Junta de Andalucía adelantando una decisión «que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos».Según recordó el Gobierno andaluz, el acta de la reunión de dicha comisión recogía que la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, «coincide en la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística otorgada por el ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales por el consistorio para la demolición».Además, la Junta advirtió de que la expropiación no es la vía más rápida: « La expropiación no es la mejor fórmula porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial. No hace falta expropiar para demoler, basta con que el ayuntamiento de Carboneras cumpla lo que mandó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA y declare nula la licencia de obras que el PSOE otorgó en su día . La Junta está preparada para cumplir con su obligación de manera inmediata» que, aclaró, consiste en reciclar los escombros y restaurar la playa, pero incidió en que para ello sólo necesita que antes «cumpla el Gobierno y derribe el edificio».La sombra del PSOELa Junta recordó, además, que fue el Gobierno del PSOE en España el que inició hace 20 años un expediente de expropiación idéntico al anunciado ahora iniciado por la entonces ministra Cristina Narbona, del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero , que en 2009 fue archivado, al considerar que la nulidad de la licencia era lo más efectivo, una iniciativa que terminó en los tribunales tras el recurso de la empresa promotora.Este uso de la maquinaria del Estado para favorecer a Montero tampoco sentó bien en el gobierno local de Carboneras, cuyo alcalde, Salvador Hernández, acusó a Montero de «utilizar el hotel con fines partidistas con medidas unilaterales que veremos a dónde llevan» . Hernández —de Cs y que gobierna en coalición con el PP tras una moción de censura que impulsó el PSOE— denunció el «desprecio del Gobierno de España» a los vecinos del municipio con la visita Montero, sin que su presencia fuera comunicada oficialmente.Hace casi 20 años que los tribunales paralizaron esta construcción. La Justicia ha emitido un sinfín de sentencias que constatan su ilegalidad pero no ha habido juez que determine su demolición inmediata. Se trata de uno de los galimatías judiciales más farragosos del mundo inmobiliario español.