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La alcaldesa de Alba de Tormes (Salamanca), Concepción Miguélez (PP), en el cargo desde 2019, ha quedado absuelta del delito de prevaricación administrativa por el que había llegado a juicio tras la denuncia interpuesta por varios concejales del PSO E -al frente del Ayuntamiento hasta entonces- por la contratación ese año de una monotira-cuidadora para un centro de alumnos en la localidad. Lo hizo, con urgencia para el curso 2019-2020 y «sin seguir el procedimiento legalmente establecido», según recoge el fallo dictado por la Audiencia Provincial. Sin embargo, prosigue, sí dio publicidad a la oferta, como lo demuestra que se presentaron otras seis candidatas, además de la finalmente seleccionada, que era una mujer que en las elecciones municipales de ese año concurría en la misma lista -en el puesto siete-, la del Partido Popular, que la regidora, aunque no resultó elegida ni es afiliada.Hechos que llevaron a l Grupo Socialista a presentar una denuncia , por la que la Fiscalía incoó diligencias y pedía doce años de inhabilitación especial para la alcaldesa, por unos hechos que calificó como constitutivos de un delito consumado de prevaricación. Sin embargo, en la sentencia, contra la que cabe recurso, absuelve a la alcaldesa, que sigue en su puesto y ha revalidado el cargo en los comicios de 2023. El fallo señala en los hechos probados que «no ha resultado suficientemente probado que la acusada prescindiera de forma intencionada del procedimiento de contratación legalmente establecido a fin de evitar que pudiera concurrir otros candidatos diferentes» a la seleccionada, « ni que se hayan vulnerado los principios de igualdad , mérito y capacidad» en la selección, «ni» que el secretario del Ayuntamiento advirtiera de la «ilegalidad» de la contratación de forma previa, aunque sí aprecio «raparos» de con «posterioridad».Así, el fallo, que aplica el principio del ‘in dubio pro reo’, absuelve a la alcaldesa de Alba de Tormes, pues considera que las «sospechas» de haber intentado contratar a quien iba en sus listas y «el hecho de no seguir el procedimiento» legalmente establecido « no resultan suficiente s en este caso para desvirtuar el principio de presunción de inocencia» y acreditar el delito por el que se sentó en el banquillo. Por más, como recoge en los fundamentos de derecho, que quedase «acreditado» que dictó un resolución «ilegal» en esa contratación. Además, señala el fallo , el Ayuntamiento no contaba con bolsa de trabajo de la que poder tirar para la contratación temporal, que impulsó la alcaldesa denunciada tras hacerse con el bastón de mando, ni un procedimiento de urgencia para la contratación. Precisamente, por este motivo desde el PSOE de Salamanca , una vez conocida la sentencia, han exigido la marcha de Concepción Miguélez. «No le queda otra salida que la de dimitir irrevocablemente », han reclamado.