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El nuevo desembarco de la sede social de Banco Sabadell a Cataluña tras siete años en Alicante, adelantado ayer por ABC, va poniendo las miradas en el resto de grandes corporaciones que también salieron de Cataluña tras el referéndum independentista de octubre de 2017 ante la posibilidad de que sigan ese mismo camino. No será lo que haga CaixaBank, que insiste en su intención de mantener su sede social en Valencia «con carácter indefinido», según apuntan fuentes de la entidad financiera.El grupo, cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, apunta que esta decisión estratégica «no está bajo revisión». En todas las declaraciones, públicas y privadas, que la dirección de CaixaBank ha tenido en distintos foros, siempre ha insistido en que aquel cambio de sede, motivado por la inseguridad jurídica que provocó el ‘procés’ ante el temor de la banca catalana de perder miles de euros en depósitos, no va a cambiar. «Estamos a gusto en Valencia», ha insistido constantemente tanto Cortázar como quien era hasta finales del año pasado el presidente de la firma, José Ignacio Goirigolzarri.Noticia Relacionada estandar Si La Generalitat ve refrendada su política de «normalización»: «Son buenas noticias» Àlex Gubern La decisión del Sabadell se confía en que abra el camino a más firmas, se apunta desde el GovernAunque CaixaBank tiene sus sede social en la ciudad de Valencia, el centro operativo del banco se encuentra en la Diagonal de Barcelona, el punto histórico donde siempre se ha encontrado el núcleo de la entidad así como en la Plaza Castilla de Madrid donde se encontraba la antigua sede de Bankia. Se da la circunstancia de que CaixaBank es una entidad controlada por el Estado a través del FROB al mantener una participación superior al 16% en el capital social. Pero ni siquiera esta circunstancia, y sus derivadas políticas, está influyendo por ahora en la decisión de retornar legalmente a Cataluña. CaixaBank fue la entidad financiera que más presión ejerció en octubre de 2017 para que el gobierno de entonces modificara la ley de Sociedades Anónimas para permitir que el Consejo de Administración agilizara un cambio de sede social sin tener que pasar por una Junta Extraordinaria de Accionistas como hasta entonces requería la normativa en vigor. Esta modificación exprés de la ley provocó las críticas del independentismo por agilizar todo el proceso que derivó en la salida de miles de empresas de Cataluña en aquellos meses.