El fin de las ayudas estatales al transporte, un boquete de 220 millones en los planes de Ayuso
La unión del PP con Junts para tumbar el miércoles el decreto ómnibus del gobierno central (PSOE y Sumar) supuso una derrota para el ejecutivo de Pedro Sánchez y un problema para la Comunidad de Madrid. Según cálculos del delegado gubernamental en la región, Francisco Martín, cada madrileño beneficiario del Ingreso Mínimo Vital dejará de percibir 614 euros en 2025; los 1,1 millones de jubilados madrileños perderán 619 euros; y la propia Comunidad dejará de ingresar 1.286 millones. Un terremoto social con epicentro en el sistema de transportes: el Estado ya no aportará la mitad del 60% de bonificación pactada para abaratar el transporte público (Metro, Cercanías y Autobuses) que compartía con el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Un problema político de primer orden para la baronesa, pues Madrid es la región más afectada económicamente: o el ministerio encuentra una nueva vía para pagar los 220 millones que invirtió en el descuento en 2024, o Ayuso tendrá que elegir entre asumir ese gasto, para que la rebaja siga siendo del 60%; reducirla al 30% que venía aportando Madrid; disminuirla aún más; o eliminarla directamente.
