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Donald Trump está sentando rápidamente las bases para empezar a deportar a millones de migrantes. Tras autorizar las redadas en iglesias, escuelas y hospitales y despedir a las juezas responsables de supervisar las 71 cortes federales de migración, su Gobierno ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicación de las medidas migratorias de la nueva Administración. Estas últimas dos medidas se suman a la avalancha de decretos que el republicano ha firmado desde su toma de posesión el lunes y alimentan el temor a que las detenciones y expulsiones comiencen en cualquier momento.

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