Noticia

El consejo de administración del Banco Sabadell, presidido por Josep Oliú, ha resuelto que su sede social vuelva a Cataluña siete años después de que el proceso que desembocó en una asonada independentista los obligara, con miles de otras empresas, a abandonar el territorio que los vio nacer. La decisión sorprende a la entidad en medio de una oferta pública de adquisición por parte del BBVA que está en fase de examen por las autoridades y que ha sido rechazada por la dirección de la entidad. Sin duda que esta determinación politiza completamente la operación y permite a la jefatura del Sabadell congraciarse con el Gobierno de Pedro Sánchez y situarse al amparo del de Salvador Illa en la Generalitat, al convertirse en la primera gran marca empresarial que da por bueno el relato de que la nueva realidad política de Cataluña ha pasado página en relación con el separatismo y que la situación ya se ha normalizado.El Gobierno ha mostrado su oposición y rechazo a la absorción del Sabadell por el BBVA desde el mismo momento en que se anunció la opa. Tanto la entonces vicepresidenta, Nadia Calviño, como su sucesor al frente del Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, han mostrado su desacuerdo con el grado de concentración que produciría la fusión y en ocasiones se pasearon por el límite de lo que resulta razonable respecto de la actitud de prescindencia que debería exhibir el Ejecutivo ante una operación donde el poder de decisión debe radicar en los accionistas. Esto ha permitido parte de los analistas vean en la jugada del Sabadell, que algunos han catalogado de «magistral», más una señal de gratitud hacia las autoridades socialistas que un intento de congraciarse con ellas.Es llamativo que el impacto que esta decisión del consejo del Sabadell puede tener sobre el resultado de la opa ni siquiera ha sido objeto de discusión. La respuesta del BBVA ha sido poco beligerante –quizá piensa que los accionistas que podrían acudir o no a la opa en función de la cuestión territorial son irrelevantes– y el regulador del mercado, que es la CNMV, cree que no hay motivos para estudiar si tiene impacto sobre la oferta porque no altera ni el precio ni las condiciones de la misma. Las reacciones políticas, en cambio, han sido efusivas. El presidente de la Generalitat se ha jactado del clima de «estabilidad institucional y seguridad jurídica» que considera restaurado y el ministro Cuerpo ha dicho que el retorno «tiene mucho sentido» y ha anunciado que otras empresas vendrán detrás.Lo que sí es cierto es que el único actor que puede frenar ahora mismo la opa del BBVA es el Gobierno, cuyo margen de maniobra se ha ido reduciendo al quedarse sin razones técnicas para vetarla. Las autoridades europeas le han dado luz verde y el Consejo de Ministros está a la espera de la opinión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para decidir si endurece las condiciones o introduce unas nuevas que afecten a la fusión de ambas entidades. Pero la cuestión de fondo es que la salida del Sabadell de Cataluña se produjo en unas circunstancias en las que un golpe separatista interfirió de manera ilegítima con la libertad empresarial, y ahora caben algunas dudas respecto a si la decisión del consejo ha sido todo lo libre que merecía ser o ha estado forzada por una estratagema contra la opa. El cambio de la sede social no era una cuestión acuciante hasta ahora para los accionistas ni el banco había encontrado problemas en Alicante, donde han estado acogidos, sino que ha sido una iniciativa del consejo que debe ser explicada con lujo de detalles.