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El día de la coronación de Juan Carlos I era sábado y en mi casa nos íbamos de viaje. Yo tenía ocho años y recuerdo que mi padre demoró la salida para oír el discurso del nuevo monarca. Fue entonces cuando dijo aquello de que iba a ser el rey de todos los españoles, una frase que entonces no comprendí. Mejor dicho, la comprendí pero en mi inocencia infantil me pareció una obviedad. Era, sin embargo, el concepto nuclear de la etapa que se abría, la esencia de la democracia. Comenzaba un nuevo sistema político sin exclusiones ideológicas tras cuarenta años de una dictadura que gobernaba bajo la idea guerracivilista de que hay españoles buenos y malos. O vencedores y vencidos, para ser más exactos.Durante los siguientes cuarenta años nos hemos ido apañando con un modelo relativamente igualitario que garantizó un equilibrio territorial razonable. Ciertamente el reparto de las inversiones estaba condicionado por la coyuntura electoral, de forma que los nacionalismos sacaron tajada cuando tuvieron la llave de la gobernabilidad y el Ministerio de turno tendía a tratar con mayor generosidad a las zonas políticamente afines. Pero nadie podrá cuestionar que hubo un desarrollo relativamente homogéneo del que se beneficiaron todos los españoles, sin que se aplicaran grandes distinciones por motivos ideológicos.Este contexto tan mesurado comenzó a cambiar con Zapatero y su decisión estratégica de agitar el avispero. «Nos conviene que haya tensión», confesó un mal día a Iñaki Gabilondo cuando se creía a salvo de oídos indiscretos. La herramienta más eficaz para alborotar el patio fue la Memoria Histórica, que aprovecha la coartada de la reparación moral para desandar el camino de convivencia que había comenzado el Rey y recupera fantasmas cainitas del franquismo. Desde entonces la política se ha polarizado y los españoles nos hemos metido en las trincheras ideológicas.Lo grave del asunto es la traslación de este radicalismo redivivo a la gestión política. Es decir, gobernar desde la trinchera, dividiendo a la ciudadanía entre amigos y enemigos. La exclusión de Sevilla en las inversiones públicas responde a este modelo de parcialidad administrativa en el que se castiga a los ciudadanos por su voto. La retirada de fondos al metro o la SE-40 denota un evidente sesgo ideológico, como demuestra el mensaje delator de la jefa de gabinete de la ministra Isabel Rodríguez en el que sugería retirar una subvención de 12 millones para vivienda social porque el alcalde de Sevilla es del PP. ¿Se imaginan que José Luis Sanz ordenase a Lipasam recoger solo la basura de los vecinos que han votado a su partido? Pues eso es lo que está haciendo el Gobierno con las inversiones estatales. Pedro Sánchez no quiere ser el presidente de todos los españoles, solo de los suyos. Se diría que añora el modelo anterior al que se inauguró una mañana de sábado de hace 49 años.