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Cambiar ley de Seguridad Ciudadana ha sido una «prioridad» para los socialistas desde que llegaron a la Moncloa. Así lo ha expresado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante años y en diversas ocasiones, declarando que la reforma del texto se llevaría a cabo para proteger los derechos de los ciudadanos y, por encima de todo, para «dar seguridad y certeza a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones». Este ha sido el mantra repetido por el titular de Interior a lo largo de la legislatura pasada y la vigente, insistiendo en que su prioridad era velar por la integridad de los agentes, a los que hasta poco insistía en transmitir «tranquilidad» cuando se le preguntaba sobre la modificación de la denominada ‘ley mordaza’. El Gobierno trató el año pasado de llevar a cabo esta tarea, la de reformar una norma que el titular de Interior ha calificado siempre de «indigna». Pero, en palabras de Marlaska este mismo verano, aquella proposición de ley naufragó por «pequeñas diferencias con partidos que no forman parte del Gobierno», aludiendo a las exigencias máximas de ERC y EH Bildu. El ministro, siendo uno de los grandes detractores de las propuestas de sus socios en lo relativo a las competencias y actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, aseguró el pasado julio que, a pesar de no haber prosperado en marzo de 2023, la proposición de ley sería presentada de nuevo con las mismas modificaciones ya dibujadas en la legislatura anterior y «unos cambios mínimos». Cuando el ministro fue preguntado explícitamente por qué esta vez el Gobierno sí iba a lograr alcanzar un acuerdo con sus socios, un Marlaska esquivo volvió a aludir a esos cambios «mínimos» y salió de aquella apelando al recorrido parlamentario que debe pasar el texto. Ya habrá tiempo de debate, de enmiendas, «los partidos del Gobierno ya tenemos un consenso », concluyó.Noticia Relacionada estandar Si Indignación en la Policía y la Guardia Civil por una reforma que «ataca nuestra seguridad» Pablo Muñoz Creen que con las medidas acordadas se quita autoridad a los policías y guardias civiles en un momento en que las agresiones contra ellos están en máximos históricosNo concretando cómo iban a lograr un acuerdo con todos socios de investidura, necesario para que prospere la reforma, el ministro de Interior quiso asegurar a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que podían estar «absolutamente tranquilos», ya que, el «equilibrio» entre «los derechos de los ciudadanos» y el trabajo de los agentes estaría garantizado y «plasmado en el texto», decía hace menos de tres meses. Sin embargo, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua , dejó claro este jueves que lo que acepta ahora el Gobierno es prácticamente idéntico a lo que el PSOE y Marlaska rechazaban el año pasado. Y sin contar todavía con las enmiendas de Junts, imprescindible para que se apruebe.Retratado por el acuerdo Ya en 2022, el propio Marlaska, allanando el terreno en el Congreso para esta reforma, afirmaba que su intención no era otra que «dotar a las Fuerzas y Cuerpos del Estado de seguridad jurídica», también velar por «las condiciones de trabajo y seguridad de los agentes». Incluso no ha perdido nunca una oportunidad para criticar al PP en lo que a la ‘ley mordaza’ respecta. Ese mismo año apeló a los populares para que cesaran en su intento de utilizar a los agentes como un arma política. «Les hacen un flaco favor cuando tratan de politizar el cuerpo», les espetó entonces en el Congreso.No es la única cuestión en la que Marlaska queda retratado por el acuerdo con Bildu. En varias ocasiones y desde hace años viene defendido las devoluciones en frontera -o ‘en caliente’- de inmigrantes irregulares, como las de medio centenar de menores en el asalto masivo a la valla de Ceuta en 2021. Y lo mismo con las pelotas antidisturbios, que ha justificado también siempre que se utilizaran de forma «proporcional e idónea» . Al menos hasta este jueves.