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Es ya una evidencia que el pacto que mantiene a Pedro Sánchez en la Moncloa tiene un precio económico, que paga a los secesionistas catalanes, y otro moral, que abona al independentismo vasco. Difícil decir cuál es más lacerante; allá cada uno si le duele más la cartera o la conciencia. Pero lo cierto es que el acuerdo alcanzado por el PSOE y Bildu para reformar la Ley de Seguridad es un golpe inesperado por lo que significa en una sociedad que ha padecido cuatro décadas de terrorismo y que no está preparada para ver regulando a las fuerzas policiales a aquellos que apoyaron a los asesinos hasta su último crimen. Cuando Sánchez firmó los acuerdos de investidura con el nacionalismo radical intuimos que el paso del dirigente socialista por la Presidencia del Gobierno dejaría un país empobrecido del Ebro para abajo, pero lo que no contábamos es que además de tiesos íbamos a quedar humillados.Porque el acuerdo escenificado ayer en Madrid tiene una demoledora carga emocional que prevalece sobre cualquier análisis. Ver a diputados de Bildu que aún no han condenado los tiros en la nuca anunciando la prohibición de las pelotas de goma porque pueden ocasionar lesiones a los chicos de la ‘kale borroka’ es sencillamente ultrajante. Esto no es una discrepancia política como la que puede generar el cupo catalán o la cesión de los rodalíes, esto es una ofensa. Una infamia, una bajeza, un bochorno. Los dirigentes socialistas defenderán que se trata de un paso más hacia la reconciliación y reclamarán una valoración desapasionada, pero la dignidad va antes que la política. Ninguna gestión es válida si vulnera el honor.El nuevo pacto con Bildu resulta particularmente doloroso en Andalucía por su coincidencia con la liberación de Harriet Iragi, el etarra condenado a más de cien años de cárcel por los asesinatos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos. Aquel Comando Andalucía que ETA reconstruyó apenas unos meses después de la detención de los asesinos de Alberto y Ascen demostró una frialdad criminal estremecedora. Remataron al concejal del PP cuando se había refugiado herido entre dos coches, telefonearon al domicilio del fiscal jefe del TSJA para comprobar que había fallecido, dispararon al médico en su propia consulta cuando estaba atendiendo a otro paciente. El tercer grado concedido por la consejera de Justicia vasca, socialista, a Iragi remueve la memoria dolorosa de aquellos días y provoca un sentimiento de derrota. Lo único que daba algún sentido a aquellas muertes prematuras es el convencimiento de que la razón estaba de nuestra parte, del lado de las víctimas. La certeza de que este país debía construirse desde la moderación y la ley. Pero ahora los que toleraban los crímenes están en el poder y los que empuñaban las pistolas en la calle. Y todo porque tenemos un presidente para el cual la ambición es más importante que la moral.