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El próximo año empezará a funcionar la Comercializadora Gallega de Energía, impulsada por la sociedad mixta Recursos de Galicia (RDG) –en la que participa la Xunta –, con la que se prevé poder reducir, de media, un 50% el precio de la energía en las comunidades cercanas a las infraestructuras que la produzcan . Se trata, como explicó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la presentación de este miércoles, de uno de los tres instrumentos clave para la política energética que el Gobierno gallego está impulsando en esta legislatura, junto con la Ley de Recursos Naturales de Galicia –que se aprobará este mes en el Parlamento– y su planificación. El objetivo no es otro que avanzar hacia la «autonomía energética», abaratando su precio, tanto para las familias como para las empresas de Galicia y asegurando, a la vez, la ventaja competitiva del tejido empresarial de la Comunidad.Con esta transformación del aprovechamiento de los recursos naturales en riqueza social, se beneficiarán tanto particulares como empresas, pero siempre bajo la premisa de que la comercializadora venderá el 100% de su energía a consumidores gallegos, como explicitó la conselleira. Por un lado, la intención es que los ciudadanos que viven en el entorno de una infraestructura generadora de energía renovable –como puede ser un parque eólico– pasen de considerarse «afectados» a «beneficiarse» de su proximidad a este recurso. Quedan aún muchos cabos por atar, pero según las primeras estimaciones, de media, RDG prevé poder reducir en un 50% el precio de la energía con respecto al precio de mercado. Funcionará «como cualquier comercializadora» , apuntó Lorenzana, llamando a los particulares para informarles de que están en el entorno de una infraestructura de generación de energía y que podrían beneficiarse de un precio más barato. «Si le interesa el cambio, lo va a gestionar [la comercializadora], así de sencillo», explicó. Con todo, ese radio de proximidad dependerá de muchos factores, como la producción, pero se intentará llegar al máximo número de personas manteniendo un descuento significativo. Por su parte, el funcionamiento con las industrias o empresas ya no estará limitado a un radio de cercanía, sino a toda la Comunidad. Según indicó la titular de Economía e Industria, la idea es «democratizar» el acceso a precios fijos y más competitivos para el tejido empresarial gallego . Esta cuestión que ya se regula actualmente mediante los contratos de compraventa de energía o PPA –de sus siglas en inglés, Power Purchase Agreement–, en los que se acuerda un precio fijo durante un tiempo determinado entre la suministradora eléctrica y la industria. Un mecanismo al que solo pueden acceder determinadas industrias con un gran nivel de consumo energético, que es precisamente lo que pretende paliar la comercializadora: llegar al resto de negocios, desde autónomos a pymes o empresas más grandes, que, de otro modo, no podrían negociar este tipo de acuerdos beneficiosos. 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Con todo, como apuntó Lorenzana, para el desarrollo del sector y llegar al máximo número de consumidores, es «fundamental que se desbloqueen las energías renovables» en la Comunidad, incluida la eólica offshore, que, «desde un punto de vista cuantitativo, va a aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable» y permitir avanzar mucho más en la «autonomía energética» de Galicia. «Primera y única»Todo ello mediante una comercializadora que es «la primera y la única» en España con estas características, como defendió la conselleira. Por un lado, indicó, se consigue cerrar el ciclo, desde la producción hasta la comercialización de energía, puesto que RDG participará parcial o totalmente en los proyectos. Además, forma parte «de un todo» junto a la planificación de recursos naturales y la Ley de Recursos. Un «paraguas legal» que entre otras cuestiones, explicita el requisito de repercutir el recurso que se aprovecha en la ciudadanía, algo que la comercializadora de RDG, al trabajar directamente con los promotores, podrá justificar de un modo «evidente, claro y sencillo». Como incidió la conselleira, la Xunta, que tiene un 30% del capital de RDG –donde también participan empresas gallegas que representan el 14% del PIB–, guarda «los derechos políticos» como socio mayoritario, y podrá vetar cualquier proyecto que no responda al interés público de Galicia. Además, ante las preguntas de los medios, también respondió a las acusaciones de la oposición por el modelo público-privado escogido, defendiendo que es la opción que menos riesgo supone para la sociedad. Lo que propone el BNG –una empresa pública de energía– es «que la Xunta aporte fondos propios que proceden de los impuestos de los gallegos para financiar estos proyectos», pero su Ejecutivo, continuó, consiguió que sean empresas gallegas las que arriesguen su capital en un proyecto tan novedoso que aún está empezando. Ni lo público es bueno por naturaleza, ni lo privado malo, aseveró la titular del ramo.