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Hace años ya que, lenta pero inexorablemente, el consumo de vino está cayendo en España, pero las perspectivas para la próxima campaña son especialmente malas. Con las bodegas aún demasiado llenas , algunas estimaciones prevén que para 2025 el precio podría retroceder un 20%. Visto esto, el sector ha concluido que no le queda otra que producir menos. El pasado 12 de septiembre, las principales organizaciones agrarias de nuestro país, Asaja, Coag y UPA , consensuaron un documento que enviaron al Ministerio de Agricultura y en el que piden que se establezcan ayudas para financiar el arranque de cepas y que se prohíba la plantación de nuevos viñedos hasta 2027, entre otras medidas, todas tendentes a limitar la producción. Esto que parece tan extraño es perfectamente factible en el sector vitivinícola, pues no está liberalizado. Para explicarlo hay que hacer un poco de historia del vino en Europa y de la Política Agraria Común, la PAC.Noticia Relacionada Explotaciones agrarias reportaje No El campo español se concentra cada vez en menos manos Xavier Vilaltella En España hay 914.871 explotaciones agrarias, un 30% menos que en 1999, y son un 26% más grandesHace décadas –si no siglos– que el Viejo Continente es el principal productor de caldos del mundo (en 2020 tenía el 45% de la superficie vitivinícola global, según la Comisión Europea), una tradición que ya en el pasado ha llevado a excesos de oferta, por ejemplo en los años ochenta. Entonces se empezaron a pergeñar los mecanismos de control de la producción que acabaron derivando en el llamado ‘ derecho de plantación de viñas ‘, que no es más que una autorización que se requiere para plantar. Dicho permiso solo se da cuando un agricultor arranca vid para después replantar, o tomando tierra del ‘cupo’ que los Estados miembro pueden poner a disposición de los productores: como máximo, el 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior. Arrancar sin perder la tierraPues bien, aún en estas condiciones, España –y Europa– están cultivando demasiada uva, de ahí la petición para que los Estados prohíban nuevos cultivos hasta 2027. Como ha explicado a ABC José Ugarrio, técnico de Asaja , bastaría con que los principales países productores (Francia, Italia y España) se pusieran de acuerdo para situar en el 0 esa tierra que por cuota pueden ofrecer para nuevas vides.Además de esta, como ya se ha dicho, la otra medida que proponen las organizaciones agrarias es que los Estados financien el arranque de cepas, pero en este caso no solo para abandonarlas. Otra vez, hay que detenerse y explicar los pormenores de este sector. Actualmente, cuando un agricultor elimina una parcela de vid dispone de tres años para replantarla –con esa variedad o con otra– antes de perder los derechos. Además de limitar la oferta, el objeto de esta operación, que está subvencionada a través de la Intervención Sectorial Vinícola (ISV) –el mecanismo que tiene España para aplicar las directivas comunitarias en materia de gestión vitivinícola–, es modernizar los cultivos y dar un tiempo a la tierra para que descanse. En relación con el arranque, lo que piden las organizaciones agrarias es que se alarguen los plazos para que los viticultores dispongan de seis años, en lugar de tres, para disponer de su tierra antes de decidir qué hacer con ella. Según Joaquín Vizcaíno, de COAG, con esto se daría un empujón al saneamiento y la modernización de las hectáreas que hay en España, además de moderar la producción. Y para que la operativa no les salga muy cara a los agricultores, las organizaciones sectoriales quieren que durante el tiempo de ‘descanso’ cobren un porcentaje de los ingresos medios de las respectivas zonas, hasta que decidan volver a producir o arrancar definitivamente.Según nos dicen estos expertos, para financiar estas medidas no haría falta reformar la IEV –cosa, por otra parte, que no puede hacerse a corto plazo–, bastaría con invertir en ello los fondos que no se gastan en el paquete de intervenciones previstas en esa norma. De hecho, nos cuenta Vizcaíno, desde COAG llevan tiempo pidiendo más flexibilidad en el uso de los fondos atribuidos a la ISV, pues por ahora cada vez que el presupuesto queda sin ejecutar al 100% se recorta para la siguiente campaña. El tinto ya no está de modaArrancábamos explicando que el consumo de vino se está moderando, a lo que habría que añadir que están cambiando los hábitos de los consumidores; eso dicen todos los expertos consultados, además de María Díez, representante de la Interprofesional del Vino.« Hay una mayor apetencia por los vinos blancos , los espumosos y los de menor graduación», resume Vizcaíno. Tal y como cuenta este especialista, el cambio se está dando a nivel europeo, ya que el traslado del tinto al blanco por parte de los consumidores es generalizado en todo el continente. «Tenemos un problema de ‘sobrestock’ de tinto y eso presiona los precios a la baja», agrega. Mientras esto ocurre, el precio del blanco aumenta por la mayor demanda. Este es el contexto, explica Vizcaíno, de la solicitud de arranque del 10% del potencial vitivinícola europeo. «Tenemos en España un millón de hectáreas, nos sobraría un 10% para adaptar nuestro sistema a la demanda real», asegura. Está petición también viene de Francia, donde los productores han constatado que el consumidor ya no pide tanto vino tinto. Lo que cuentan desde los viñedos se ve avalado por los datos. El consumo de vino blanco, según el último Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura , ha pasado de 87,8 millones de litros al año en 2009 a 93,4 millones en 2023, un 6,4% más. El de tinto, sin embargo, ha pasado de 237,6 millones de litros en 2009 a 151,8 millones en 2023. Es decir, una caída en el consumo en hogares del 56,5%.