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Diego Martínez López (Jaén, 1973) es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador de la fundación de estudios Fedea , y autor, junto a otros expertos, de un informe del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) cargado de argumentos en contra de la independencia fiscal de Cataluña. Ha sido —dicho coloquialmente— alto cargo de Hacienda antes que ‘fraile’. Entre 2015 y 2018 ocupó la Dirección General de Financiación y Tributos en Andalucía, y entre 2018 y 2020 fue secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, siempre con María Jesús Montero al frente. Así que pocas voces hay más autorizadas que la suya para hablar del cupo fiscal que ha hecho saltar por los aires el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, una asignatura pendiente desde hace una década.—¿El cupo catalán representa un agravio para el resto de autonomías?—Sí. Generaría un doble agravio comparativo. En primer lugar, con las comunidades ricas que se pueden encontrar en una situación similar a Cataluña, como Madrid y las Islas Baleares. Y en segundo lugar, es un agravio para las menos favorecidas como Andalucía o Castilla La Mancha porque parte de los recursos que reciben proceden de la solidaridad de las más ricas.—¿Por qué es insolidario?—Replica un esquema de concierto económico. Y la experiencia que tenemos con los sistemas de este tipo en el País Vasco y Navarra nos lleva a pensar que la aportación de Cataluña a la solidaridad será inferior a la que realiza ahora. Si no, para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Un proceso de desconexión fiscal para seguir aportando lo mismo no tendría mucho sentido. Creemos que este camino se inicia con la intención de minimizar la aportación a la solidaridad estatal.—El acuerdo se hace para situar al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Todo nace de una necesidad política?—Históricamente, las reformas de financiación autonómica se han iniciado en Cataluña. El hecho diferencial de este acuerdo es que se produzca como consecuencia de una coyuntura específica como es la investidura de un presidente regional, no de un presidente nacional. Es lo que chirría. Mientras en una negociación nacional, aunque sea con partidos catalanistas, el interés común está encima de la mesa, aquí pesan los intereses del PSC y ERC, que no representan de ninguna manera los del resto del Estado. Los acuerdos de Aznar o Zapatero con partidos catalanistas para reformar el sistema de financiación eran ocasionados por pactos políticos a nivel nacional que se pueden comprender en ambos casos, pero aquí ya no se entiende tanto.—¿El concierto económico para Cataluña provocará que Andalucía, como otras comunidades, reciba a la larga menos ingresos que ahora?—Yo estoy convencido de eso. La salida de Cataluña del régimen común generaría un excedente inicial de 1.500 millones de euros, pero el agujero que provocaría en las arcas del Estado a medio y largo plazo estaría entre los 25.000 y 30.000 millones de euros, por lo que las aportaciones al sistema de financiación autonómica quedarían muy aminoradas para toda España. —¿Compromete la viabilidad del país?—Sí. Todavía debe valorarse cuál será la aportación a la solidaridad de Cataluña. Pero simplemente crear ese agujero de 30.000 millones de euros ya haría tambalearse las cuentas del Estado. En un proceso de consolidación fiscal como en el que nos encontramos y comprometidos con Europa, este agujero de difícil justificación afectaría a la posición fiscal española.«El concierto económico catalán generaría un doble agravio comparativo con las regiones más ricas y las menos favorecidas, como Andalucía»—¿Quién y cómo se pagarán esos 25.000 millones de euros que costaría el cupo fiscal catalán?—Solo se puede hacer de dos formas. En primera instancia, subiendo impuestos y/o emitiendo más deuda. A medio y largo plazo puede haber ajustes del gasto, en forma de una menor aportación a la solidaridad regional a través del sistema de financiación u otro instrumento de solidaridad interpersonal o regional.—Es decir, ¿puede dar lugar a recortes del gasto en servicios públicos?—Desembocaría en una menor disponibilidad de recursos de las comunidades autónomas para servicios sociales, educación o sanidad.—¿Puede empeorar la sanidad, la educación o las políticas sociales, por ejemplo, en Andalucía?—Así sería. No ocurriría a corto pero sí a medio plazo con una probabilidad muy elevada.—¿A qué se refiere al hablar de nivelación completa en financiación autonómica? Dice que la financiación autonómica no puede consistir en negociar una paguita del Estado sin correspondencia ninguna por la otra parte?—Significa que cualquier comunidad autónoma disponga de los mismos recursos para prestar sus servicios públicos con independencia del territorio en que se resida. La nivelación completa sería la suma de los impuestos que recauda cada autonomía y de las transferencias financieras del Estado o de otras comunidades más ricas. Pero se corre el riesgo de que alguna comunidad, si no obtiene suficientes recursos con impuestos, espere la llegada del dinero vía transferencias. Podría quedarse sentada a recibir una paguita del Estado. Eso, que no sería eficiente, se debe y puede corregir con nivelación completa.—Los gobiernos regionales pueden considerarlo como un ataque a su autonomía fiscal.—Cierto, pero eso esa autonomía fiscal no es un principio absoluto y debe ponerse en relación con la eficiencia y la solidaridad.Condonación de la deuda andaluza—El PSOE también ha pactado con ERC condonar la deuda de Cataluña con el Estado. ¿Debe Andalucía negociar también la quita de su deuda?—La deuda está en torno al 19% del PIB andaluz, por debajo del promedio autonómico y muy por debajo de Cataluña. En cualquier caso, la Ley de Estabilidad Presupuestaria marca que la deuda sea un 13% del PIB. Llegar a este porcentaje exigiría que Andalucía mantuviese un superávit primario en sus cuentas durante diez años de manera continuada, cosa que nunca lo hemos tenido conseguido. El Gobierno andaluz, debería defender una reestructuración o incluso condonación sensata y razonable de la deuda.—El informe del Observatorio Económico de Andalucía también saca los colores a la Junta porque aumentó el gasto un 13,4% en 2023, mientras promueve bajadas de impuestos que impiden recaudar más. ¿Esta postura le parece incongruente?—Llevo años analizando la evolución de la recaudación andaluza y de ninguna manera se confirma esa aseveración de que bajando impuestos se recaude más por ello. Se incrementa la recaudación a pesar de las rebajas fiscales, pero sus tasas de crecimiento en Andalucía están por debajo de las que existen en otras comunidades. Que la Junta reclame más financiación a la vez que renuncia a recaudación no me parece una posición coherente.—Al presentar el estudio del OEA, usted comentó que el aumento del gasto en sanidad y educación le luce poco a la Junta de Andalucía porque no se refleja en los resultados. En tal caso, ¿cree que lo que falla es la gestión?—No todo es cuestión de poner dinero, sino que lo que se ponga tenga el mejor rendimiento posible. En sanidad, que es lo más visible, los tiempos de listas de espera, las intervenciones quirúrgicas, los problemas en Atención Primaria, todo eso tiene un trasfondo financiero. Pero si se están poniendo recursos históricos encima de la mesa, es natural preguntarse por qué no termina de funcionar esto. A juicio de los expertos en economía de la salud, no se están movilizando herramientas de gestión como incentivos a los profesionales, organización de recursos humanos o de las unidades de Atención Primaria.—¿Le ha sorprendido que la ministra María Jesús apoye este pacto?—Es una cuestión personal en la que no voy a entrar. Yo doy opiniones sobre hechos y datos, pero por lo que vengo comentando ya se puede imaginar que, en este tema, no comparto ese apoyo.—Montero, sin embargo, no se cansó de denunciar un maltrato a Andalucía cuando era consejera de Hacienda y en el ministerio estaba Montoro, del PP. Usted era director general de Financiación y Tributos de la Junta de Andalucía cuando el Parlamento andaluz acordó exigir al Ejecutivo central 4.000 millones por el déficit de infrafinanciación de la comunidad. ¿El Gobierno maltrata económicamente a Andalucía, una de las comunidades peor financiadas por el actual sistema?—El sistema maltrata financieramente a Andalucía. Esto ha ocurrido con gobiernos de Zapatero, Rajoy o Pedro Sánchez, es decir, es independiente del que mande. La ley que rige la financiación autonómica funciona de manera automática. Afortunadamente, no depende de quien gobierne. Son unas fórmulas y algoritmos matemáticos que están precisados al céntimo y no hay riesgo de manipulación política.