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La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos planteados contra la sentencia dictada por el juzgado de Menores 1 de Sevilla en el caso de la muerte de Jesús Rosado, el joven vecino de Palomares que fue asesinado en la misma puerta de su casa en la noche de Halloween de 2022. De esa manera confirma la pena impuesta al menor acusado por estos hechos a nueve años de internamiento en un centro. Hay que recordar que en este asunto hay un segundo procedimiento judicial abierto contra otro de los implicados en la agresión mortal, que es mayor de edad, y que aún no ha sido juzgado.La sentencia también fue recurrida por la acusación particular ejercida por el padre de la víctima, quien solicitaba incrementar la pena de internamiento al máximo que establece la ley para el delito de asesinato (diez años). La Audiencia igualmente desestima esta pretensión, asegurando que el juez de Menores «ha valorado correctamente la necesaria proporcionalidad entre castigo y educación y se ha calibrado correctamente la clase de hecho cometido». Así, la Sección Tercera, que ha sido la encargada de resolver los recursos, recuerda que el juez incorporó otras penas adicionales como cinco años de libertad vigilada y la prohibición durante el tiempo de pena de la adopción de medidas favorables para el menor expedientado como la suspensión o sustitución de la medida de internamiento.En los hechos probados no se incluye ninguna modificación de los que estableció la sentencia de primera instancia. Jesús Rosado fue abordado por el menor y el adulto investigado ante las presencia de otros tres jóvenes de la misma pandilla. Le pidieron que le entregara sus pertenencias y como éste se negó, le agredieron hasta la muerte. «Fue primero golpeada con los puños, sobre todo en la cara; luego con la porra metálica extensible desde atrás y finalmente (…) el golpe fatal de frente con la navaja no recuperada«, describe la Audiencia.Declaraciones inasumibles, indigeribles o inverosímilesLa familia de Jesús ha criticado que nunca se haya procesado a esas tres personas que estuvieron presentes en el momento de la agresión mortal y que constan en la causa como meros testigos. Unos testigos cuyas declaraciones son fuertemente cuestionadas por la Audiencia Provincial que las tilda de «indigeribles», «inasumibles» o «inverosímiles». Todos ellos trataron de proteger al acusado y al otro amigo procesado, asegurando que la víctima se había enfrentado a ellos y éstos se habían defendido. «Es imposible que el joven fallecido arrebatase la porra extensible al menor expediente, que dice el testigo que era quien llevaba las dos armas, y que luego saliera en persecución de éste y del sujeto mayor de edad. Ello dejaría sin explicación cómo se pudo apuñalar a la víctima si ambos huían de él dándole la espalda».