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España es el país con el mayor número de procedimientos por infracción del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea abiertos, según alerta la fundación Hay Derecho. Con 81 procedimientos abiertos, España está a la par de Bulgaria (81 casos) y por delante de Grecia (78) y Bélgica (77) en cuanto a procedimientos por infracción abiertos según los datos relativos a 2023 manejados por la fundación, que colabora en el informe anual del Estado de derecho que realiza la Comisión Europea desde 2020. Según los datos manejados por la asociación presidida por Segismundo Álvarez Royo-Villanova, nuestro país va a la cabeza de los miembros de la Unión en cuanto a incumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias. El principal motivo es la transposición o aplicación incorrecta de directivas (47 casos), seguido de infracción por transposición tardía (24 casos) y, por último, infracciones de reglamentos, tratados o decisiones (10 casos). Para Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación Hay Derecho, este incumplimiento revela que «todas estas declaraciones de europeísmo que se hacen desde el poder público, deberían trasladarse en algo concreto», según manifestó este viernes durante la presentación del documento.Poder Judicial, Fiscalía y Tribunal ConstitucionalEl informe anual de Hay Derecho alerta sobre la falta de independencia de los poderes del Estado entre sí, de la «estrecha relación» del fiscal general del Estado respecto del Gobierno, así como los peligros para la calidad democrática que supone la preponderancia de los decretos leyes y los decretos ómnibus («que lo engloban todo, que sirven para todo», denunció De la Nuez) o la polarización del Tribunal Constitucional. «En 2022 se nombró nuevo fiscal general del Estado a Álvaro García Ortiz, cuyo cargo fue renovado en 2023 a pesar de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial había emitido un informe en el que concluyó que no era idóneo después de que el Tribunal Supremo hubiera anulado por desviación de poder la promoción efectuada de su antecesora, Dª Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala. Asimismo, uno de los factores que más ha tensionado el marco político constitucional en este periodo ha sido la tramitación de una ley de amnistía para determinadas actuaciones relacionadas con el procés, como condición para la investidura del Gobierno. La tramitación parlamentaria de esta ley ha puesto de manifiesto de manera muy explícita muchos de los problemas relacionados con la disminución del papel del Parlamento y su subordinación al Poder Ejecutivo así como a la disminución de las necesarias garantías tanto técnicas como desde el punto de vista de la participación ciudadana, al recurrirse a la proposición de ley por trámite de urgencia. Por otra parte, deben destacarse las acusaciones de ‘lawfare’ desde determinados partidos políticos al Poder Judicial, muchas de ellas precisamente en relación con la aplicación de la ley de Amnistía. Entre los aspectos positivos no obstante hay que destacar el acuerdo alcanzado entre el PP-PSOE que ha posibilitado, después de cinco años, el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial», se puede leer en el informe como resumen de los problemas democráticos de España.«Abuso» del decreto leySegún los datos recogidos en el documento presentado este viernes, los dos últimos años confirman la tendencia, desde 2019, de legislar principalmente por medio del decreto ley a pesar de que «este instrumento tiene un carácter excepcional ya que la Constitución en su artículo 86 dice literalmente que está previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad». «Las proporciones que eran llamativas en el periodo 2018-2021, sigue siéndolo en 2022-2023, con un 27% y un 32% respectivamente de decretos leyes sobre el total de normas con rango de ley aprobadas». En 2023, frente a 13 leyes aprobadas, se aprobaron ocho decretos leyes.