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Como «moneda de cambio». Así ha considerado este jueves la Junta de Castilla y León que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «usado» a los pensionistas y los usuarios del transporte público al incluir la subida de lo que perciben los jubilados y las bonificaciones para la movilidad en un decreto ómnibus con más y muy variadas cuestiones y que se dio de bruces con el no de la mayoría del Congreso de los Diputados. «Es inadmisible que el Gobierno de Sánchez utilice a las personas mayores y a las familias como moneda de cambio para pagar a sus socios separatistas», ha censurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un comentario en X. En el mismo sentido, su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido en que «no» les «parece acertado» que el Ejecutivo socialista «use» a esos colectivos «para aprobar una subida del IVA de los alimentos, dar un palacete al PNV o proteger a los okupas» y «dar satisfacción a sus socios independentistas». «El Gobierno de España está sometido a los intereses de sus socios», ha censurado Carriedo, quien ha considerado que con el rechazo a esos decretos «está claro» que Sánchez «no» tenía un pacto de legislatura y que «no hay acción de Gobierno, sino simplemente un estar y sobrevivir». «El presidente ha decidido perjudicar antes a los pensionistas y usuarios del transporte que someterse a una cuestión de confianza», ha reprochado el también consejero de Economía y Hacienda en alusión a lo exigido por el partido del prófugo Carles Puigdemont, que con su ‘no’ también ha precipitado la derrota de lo elevado por La Moncloa al Parlamento. En el fondo, ha abundado Carriedo, el miércoles «pasó lo que venían anunciando en otras ocasiones», esta vez con asuntos que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Y al Ejecutivo, ha añadido, ya se les había «visto el plumero» con anterioridad de ese ‘trueque’. Así, ha urgido al Gobierno de Sánchez que tramite «de uno en uno» y «no» a través de un texto en el que mezcla «ochenta» cuestiones aquellos asuntos en los que a priori «tendrían apoyo suficiente» de la Cámara. Hacerlo, ha subrayado, con un texto «específico, sin incluir otros temas». Noticia Relacionada estandar No Las comunidades autónomas que mantienen las ayudas al transporte pese a la caída del decreto Xavier Vilaltella Madrid se hará cargo temporalmente del 30% que correspondía al Gobierno central y Cataluña lo hará «hasta que se publique la orden»«Exigimos que tramite la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular para subir las pensiones hoy mismo y adopte las medidas necesarias para mantener los descuentos de autobús y el tren», ha reclamado también Mañueco vía el antiguo Twitter. «El Gobierno lo tiene fácil», ha defendido el también consejero de Hacienda, quien ha señalado como ejemplo el movimiento precisamente adoptado ayer por la Junta para mantener esas ayudas al transporte. Así, planteó dos vías: hacerlo «aprobando un decreto ley» o que la Mesa del Congreso tramite «de urgencia, sin interferencias, ni monedas de cambio» la propuesta registrada el mismo miércoles por el PP. «Todavía» se está «a tiempo» de una «solución», ha recalcado Carriedo, a la vez que ha defendido la decisión de la Junta de mantener las bonificaciones al transporte público de ámbito autonómico aprobadas ya esta misma jornada. «Si podemos ayudar a los ciudadanos hoy, no vamos a esperar a mañana», ha sostenido sobre esa bonificaciones que seguirán vigentes del 25 por ciento en el caso de los usuarios frecuentes de títulos multiviaje de alta velocidad empadronados en la Comunidad –incluye 23 trayectos y el convenio con Renfe está en vigor hasta 2026 y contempla prórroga por cuatro años más–; así como del 20 por ciento en el caso del transporte interurbano y metropolitano y del cien por cien en el caso del rural a la demanda. «Garantizamos en este contexto el mantenimiento de estas bonificaciones», ha subrayado el portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Además, ha valorado que en el caso de la Junta se adoptan como «permanentes» o con vigencia «de cinco a ocho años» y no con la obligación de prorrogarlas cada semestre «por mera táctica política». «No se trata de mantener en vilo a muchas personas cada seis meses» o plantear «qué otra cosa metemos para ver si vamos consiguiendo cuestiones que los ciudadanos no quieren a cambio de poner algún cebo», ha espetado el portavoz.«Frente al caos, la deriva y la ineficacia de Sánchez, nuestra política es de hechos, realidades y soluciones», ha señalado también en su comentario en redes sociales el presidente de la Junta.El PSOE lo ve un «ataque»Visión muy distinta sobre lo ocurrido el miércoles en la Cámara Baja la ofrecida por el todavía portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha acusado al PP de «atacar» a los pensionistas y a las personas más vulnerables a través del rechazo al decreto que incluía su subida. Ha asegurado que hay «muchas maneras» de hacer oposición, como, dijo, la «responsable, constructiva y dialogante» del PSOE de Castilla y León, y ha censurado que los populares se han opuesto «sistemáticamente» al aumento de las pensiones.Noticia Relacionada estandar No El presidente de la Diputación de Zamora, «indignado» con Renfe: «Cuando entré en el tren, no existía el vagón donde tenía mi asiento» H. D. El convoy que tomó Javier Faúndez para ir a Fitur salió con una hora de retraso y ante la falta de sitio donde sentarse, le tocó ir de pie en la cafetería«Por culpa de PP y Vox», la Comunidad también dejará de recibir algo más de 600 millones de entregas a cuenta del modelo de financiación correspondientes a la actualización de 2024 también aprobada por decreto ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, también el portavoz de la Junta ha urgido a que se adapten «pronto» esas partidas de cara a 2025, pues con el contexto actual retrotraen el montante a la anterior legislatura, a 2023, último año con las Cuentas Generales aprobadas. Aún así, Carriedo ha confiado en que «no vamos a dejar de recibir nada», ya que esas entregas a cuenta son un «derecho» amparado por ley «de obligado cumplimiento». «Si no paga, utilizaríamos los medios necesarios», ha apuntado el consejero, quien ha esperado que el Gobierno «haga pronto» esa actualización. «No se puede quedar el dinero que corresponde a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y al resto de competencias autonómicas».