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La semana pasada un titular de este periódico me dejó estupefacto. Tuve que leerlo varias veces. «El ayuntamiento mediará entre los vecinos y los okupas de Feria», decía. Ahí es nada. Vecinos y okupas en pie de igualdad negociando. Y todo un gobierno municipal de una ciudad como Sevilla ofreciéndose para buscar una «solución» al «conflicto». Con la implicación de Seguridad Ciudadana, Policía Local, Asuntos Sociales, Lipasam y Casco Antiguo. Que no falten recursos. Dicho sea sin ánimo alguno de reprochar al alcalde su propuesta. A ver qué va a hacer. Es a lo que hemos llegado. El mundo al revés. A principios de año, el Congreso admitió a trámite una proposición de ley orgánica del PP para permitir el desalojo de okupas en un día. El borrador de norma planteaba que una vez que una autoridad requiera el desalojo de un inmueble ocupado de manera ilegal, el ocupante debería dejar la vivienda en 24 horas o mostrar su autorización para estar en ella. Y en caso de no poder acreditarlo, los agentes, ya sí, podrían ponerlo de patitas en la calle. Para mi completo estupor, algo que es tan de cajón no concita consenso suficiente entre nuestros diputados. El relato que el PSOE sigue al respecto es que no se trata de una cuestión prioritaria ni que preocupe a los españoles y que los casos son estadísticamente poco significativos. Debe de ser por eso que uno pasea por el casco histórico de Sevilla y ve que todas las casas están conectadas a servicios de alarma y ni una de ellas tiene puesto el cartel de «se vende». Estos carteles han desaparecido por completo, pero seguramente la preocupación de los propietarios no tenga nada que ver. Como tampoco tenga relación alguna con la retirada de numerosas viviendas del mercado del arrendamiento y el encarecimiento histórico de sus precios. Mas si así fuera, si la okupación fuera un fenómeno estadísticamente irrelevante y sin vinculación con la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a un alquiler, seguiría sin tener sentido que la ley proteja más al agresor que al agredido. Que el plazo para desalojar a un okupa pueda prolongarse hasta dos años es demencial. Es la justicia patas arriba y los políticos no enterándose de absolutamente nada. Perdonen el exabrupto, pero qué solución habría que buscar, en un mundo del derecho, sino que esos okupas de Feria que están haciendo uso por la cara de una propiedad ajena, y causando incontables molestias a los vecinos, salgan echando leches por esa puerta a la que un día cambiaron la cerradura. Luego algunos se preguntan por las causas de la desafección hacia la vida pública. Aquí tienen una concreta. La gente está hasta las narices de que los culpables pasen por víctimas y de que nuestros representantes estén más pendientes de sus derechos que de los de la gente normal y corriente. Que el mundo se tuerza es inevitable, pero que lo torcido reciba el tratamiento legislativo y judicial de lo recto, y viceversa, ya es demasiado.