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Sevilla puede presumir de tener el conjunto histórico más grande de toda Europa , pero también de no haber sido capaz de concretar unas normas de protección que lo blindaran ante desarrollos urbanísticos que han supuesto un impacto visual más que negativo. El Ayuntamiento lleva varias décadas sorteando esta responsabilidad y sin intención real de ponerse manos a la obra para la regulación de un asunto que resulta crucial desde el punto de vista patrimonial. Ni los anuncios públicos, ni la creación de una mesa de trabajo, ni las modificaciones puntuales han dado sus frutos, provocando reiteradas advertencias de organismos internacionales como la Unesco e incluso una denuncia de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) que llegó a tramitarse. Ahora, la Gerencia de Urbanismo ha decidido resolver este escenario de excepcionalidad con la redacción y actualización de los planes especiales para acabar así con los mamotretos que se han edificado en estos años en estos entornos patrimoniales.Se trata de una asignatura pendiente de los últimos gobiernos municipales que en estos momentos comienza a desatascarse, con el objetivo de que se complete la definición de las condiciones de protección de estos barrios históricos de Sevilla. Urbanismo trabaja en ello en tres escenario diferentes. Por un lado, un total de 41 zonas de entornos patrimoniales en los que se redactarán los nuevos planes especiales de protección o se actualizarán los ya existentes a las nuevas condiciones urbanas y normativas. El resto de los espacios, los menos numerosos, afectan a un Bien de Interés Cultural (los denominados entornos BIC) y, por lo tanto, no precisan de un planeamiento especial, dado que éste ya se deriva de su propia condición. El tercero, que hace referencia a los alrededores de la Catedral , no prevé la redacción de un plan singular de protección al estar contemplada esta delimitación dentro de la nueva Ley andaluza de Patrimonio Histórico.El tuétano de la regulación está en lo que el Ayuntamiento denomina como sectores convalidados , que son aquellos que deben actualizarse, que están sujetos a una sentencia judicial que obliga a revisarlos o que ni siquiera han llegado a redactarse. Son en total cuarenta zonas históricas, la mayoría en el interior del Casco Antiguo , aunque otras se reparten por Triana, Nervión o la avenida de la Palmera. En relación a todos ellos, Urbanismo ha licitado un contrato de asistencia técnica para la redacción de los planes especiales, con un contrato de tres años en los que se trabajará de la mano del Servicio de Planeamiento para elaborar los nuevos, corregir los suspendidos por el recurso de Adepa y, lo más importante, homogeneizar su contenido. Ahora, como aseguran las fuentes consultadas por este periódico, existe una especie de «panegírico» en el que cada uno pertenece a una momento legal distinto.En el Avance de la Modificación de los Planes Especiales de Protección que la Gerencia de Urbanismo somete estos días a consulta pública se recogen con detalle todos los barrios históricos en los que se desarrollarán estos mecanismos de salvaguarda del patrimonio. Entre ellos están el de San Gil-Alameda, San Luis, Santa Paula-Santa Lucía, San Lorenzo-San Vicente , Los Humeros, San Bartolomé, Casa de la Moneda, Arenal y Plaza de Armas, todos ellos dentro de los límites del Casco Antiguo. En una corona exterior se insertan los de San Julián-Cruz Roja, la Trinidad, San Roque-La Florida, la Macarena , Estación de San Bernardo y el Prado de San Sebastián. El listado lo completan Torneo, la Cartuja, Triana, la Calzada-Fábrica de Artillería, San Bernardo, Huerta de la Salud, Pirotecnia Cross, el Porvenir , el Puerto y la avenida de la Palmera.A todos ellos hay que sumar también los que se encuentran afectados por las distintas sentencias y auto judiciales en vigor y que, por tanto, deben modificarse para ajustarse a los diferentes requerimientos. En este caso, todos ellos se sitúan en la zona Centro. Se trata de Santa Catalina-Santiago, Encarnación, San Andrés-San Martín, Magdalena, y el Duque-El Salvador . Otras tres zonas, con la calificación de entornos BIC, quedan exentas de la realización de estos planes especiales, como ocurre con el Hospital de las Cinco Llagas, el Real Alcázar y el Recinto de la Exposición Iberoamericana del 29 . Al margen de todo queda la Catedral, sobre la que se considera que no es necesario este documento de protección al estar ya amparada por lo recogido en la legislación. En todos los que sí se modificarán, el cambio vendrá de la mano de la ampliación del mapa de calles de influencia del nivel de protección.Competencias municipalesEl otro aspecto que ha impulsado la redacción y actualización de los planes especiales está relacionado con su adaptación a la actual Ley Andaluza de Patrimonio Histórico , con el objetivo de ejecutar lo recogido en el artículo 40 de la normativa. En él se permite a los ayuntamientos poder solicitar las competencias en aquellos sectores con un planeamiento especial para su protección. Ese hecho posibilitaría una simplificación de los trámites y la concesión de licencias p ara ejecutar obras en los entornos afectados, ya que la autorización no dependería del dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio, como ocurre ahora, sino de la municipal. Esto haría que, por un lado, se desbloqueara el atasco que tiene el ente autonómico, con unos 800 expedientes paralizados , y que, por otro, el Ayuntamiento de Sevilla ganara en autonomía a la hora de sacar adelante estos expedientes.Fuentes municipales aseguran que el procedimiento avanza con velocidad de crucero y que si nada se tuerce debe estar finalizado en los tres años que todavía restan del actual mandato. Con su desbloqueo, lo que persigue la Gerencia de Urbanismo es garantizar la protección de todos estos edificios de alto valor patrimonial, lograr una normativa que sea más clara para los interesados y, además, rescatar todas las competencias en la materia para agilizar al máximo los trámites y plazos . Todo ello, insisten, a pesar de que a la llegada del nuevo gobierno al Consistorio hispalense se toparon con que se había detenido la tramitación de la actualización y no se contemplaba tampoco la solicitud de esta cesión de responsabilidades por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.