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Ahora que el fiscal general ―imputado por el Tribunal Supremo― se aferra a su cargo con la misma determinación de los trapecistas, convendría hacer hincapié en dos aspectos muy oportunos. En primer lugar, cuántas máculas y oprobios había acumulado antes de caer tan bajo y ―en segundo lugar― cuántas figuras de la política española dimitieron honrosamente por razones de menor importancia y trascendencia, con el agravante de que Álvaro García Ortiz no es un ministro del gobierno, aunque se comporta como tal.El nombramiento del actual Fiscal general del Estado fue polémico desde el primer momento, porque se trató de un cargo «heredado» de la exministra Dolores Delgado. Aquel vicio de origen fue refrendado por un veredicto del Consejo General del Poder Judicial, que lo consideró «no idóneo» para el cargo. Paso de comentar algunos episodios azarosos de su gestión, para centrarme en el motivo de su imputación: revelar y divulgar secretos judiciales con la finalidad de perjudicar a una adversaria política, cuya pareja se encontraba negociando acuerdos con Hacienda por presuntas irregularidades cometidas antes de ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como se puede apreciar, motivos razonables para la dimisión de García Ortiz existen desde hace años, aunque su condición de imputado hace más esperpéntica su contumacia en no dimitir.¿Hemos conocido dimisiones honrosas? Por fortuna sí, y considero de justicia resaltar las más ejemplares para desdoro de los atornillados en sus puestos. Así, en 1993 José Luis Corcuera dimitió como ministro del Interior cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de su Ley de Seguridad Ciudadana. ¡Qué diferencia con aquella ministra de Igualdad que atacó a los jueces cuando su ley benefició a violadores y maltratadores! En 1994, el ministro del Interior Antoni Asunción dimitió cuando Luis Roldán se fugó llevándose millones de pesetas de los fondos reservados y de la hucha de los huérfanos de la guardia civil. ¡Qué diferencia con nuestro ministro del Interior, que se lavó las manos cuando 23 inmigrantes fallecieron como consecuencia de una carga policial en Melilla! En 1995 dimitieron el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas, cuando se descubrió la existencia de una trama de escuchas telefónicas ilegales grabadas por los servicios secretos. ¡Qué diferencia con la reacción de los últimos gobiernos ante el caso Pegasus y los espionajes a la oposición! Por último, en 2000 Manuel Pimentel dimitió como ministro de Trabajo cuando trascendió que la esposa del director general de migraciones había obtenido dos mil millones de pesetas por ofrecer cursos de formación financiados por el INEM. ¡Qué diferencia con esos políticos cuyas cónyuges avalan a sus patrocinadores para que trinquen contratos y subvenciones públicas!Parafraseando al refranero, «más vale una dimisión a tiempo que tener la decencia perdida». ¿La ideología o la reputación? La indecencia no duda.