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El constante vaivén de desconocidos, el insoportable ruido y la música a altas horas de la noche y una creciente sensación de inseguridad en su urbanización, situada a pocos pasos de la plaza de toros de Las Ventas, motivó la lucha de unos vecinos madrileños para prohibir el chalé de uso vacacional que les hace la vida imposible desde hace varios años. El Tribunal Supremo les dio la razón hace apenas dos semanas. Sin embargo, la actividad aún continúa, según asegura a este periódico Antonio, el presidente de la comunidad. Ahora, el centenar de residentes contrario a esta práctica prepara sus siguientes movimientos porque la batalla «no ha acabado».El Alto Tribunal se pronunció a favor de los vecinos el pasado 3 de octubre, marcando las bases de uso de un arma que permitirá poner freno a las viviendas de uso turístico (VUT) en edificios residenciales, siempre y cuando se acuerde por una doble mayoría de tres quintos. Dos sentencias -una impulsada por una comunidad de vecinos de Marbella y otra de la capital- han llevado a la sala primera a pronunciarse por primera vez sobre la interpretación y aplicación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, la misma que regula las relaciones entre los propietarios de una misma comunidad.Buscando atajar la situación antes de que fuera a peor, los residentes de esta urbanización situada en el número 1 de la calle de Roberto Domingo celebraron una junta para abordar el tema. En la misma, que tuvo lugar el 20 de enero de 2020, se llegó al acuerdo de prohibir esta actividad, con un voto en contra y una abstención. Después de treinta días naturales sin ninguna alegación, se aprobó esta decisión.Noticia Relacionada estandar No De palacio del siglo XVIII a pisos turísticos: la antigua casa del Conde de Miranda reabrirá con 27 apartamentos Cris de Quiroga El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba definitivamente el plan especial para cambiar el uso de este edificio residencial a hospedajeAl tiempo, fueron llamados a acudir al Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, pues la empresa inmobiliaria propietaria de la vivienda presentó una demanda en la que solicitó la nulidad del acuerdo adoptado al entender que «no se había adoptado por unanimidad».«Compraron el chalé en una subasta de la Sareb con la idea de explotarlo como un piso turístico», explica Antonio. La urbanización es una construcción relativamente nueva formada por varios adosados y un edificio con pisos, en su mayoría utilizada para venta o alquiler habitual, en la que residen en torno a un centenar de personas y a apenas unos metros de la emblemática plaza de toros de Madrid.Grupos numerososSu privilegiada ubicación, además de tratarse de una casa de grandes dimensiones que puede albergar a varias personas, suscitó el interés inmobiliario. Una rápida búsqueda en los principales portales de alquiler vacacional permite ver que, en la zona, un apartamento con un dormitorio y pensado para hasta tres personas ronda los 120 euros la noche. Para las próximas dos semanas, la oferta en esta zona del distrito de Salamanca (en el barrio de Guindalera) está casi al tope de su ocupación.«Vienen grupos grandes de extranjeros de juerga, por lo que se paga una gran cantidad de dinero», explica este vecino de 58 años a ABC, que asegura desconocer la cantidad que se aporta por una noche en el inmueble con el que comparte propiedad. Aprovechando todo el espacio del que dispone este adosado, se llevaba a cabo, según el abogado de esta comunidad vecinal Raúl Trujillo, «un uso forzado en cuanto a régimen de personas que ocupan el mismo».«Llegan a esta vivienda grupos grandes de extranjeros, que vienen de juerga. Pagan por ello mucho dinero» Antonio Presidente de la comunidad de vecinos de VentasLa sentencia de este primer tribunal no dio la razón a la empresa explotadora de este chalé, por lo que apelaron a la sección 10 de la Audiencia Provincial. El juez revocó esta resolución y estimó que «la actividad de pisos de alquiler turístico puede ser limitada o condicionada» conforme a los términos del reglamento que le compete, «pero no prohibida totalmente», explica la sentencia a la que ha tenido acceso ABC. No quedando satisfechos con ello, los vecinos interpusieron un recurso de casación en 2022 y las actuaciones acabaron remitidas al Tribunal Supremo.Mientras este pleito escalaba los distintos tribunales de la justicia española, los episodios con los turistas se iban sucediendo semana tras semana. Y los problemas no se limitaban a las noches en vela por la música, sino también a los servicios que los dueños de esa vivienda de uso turístico pretende ofrecer, como la atención de un portero. «Una vez pasan por la puerta tienen el acceso a todas las zonas comunes. Si hacen un destrozo, se meten en los garajes, en la piscina en horarios en los que no está permitido o cometen robos, no los tienes tan controlados», determina el vecino a este periódico.Mayoría de tres quintos El Tribunal Supremo señala que habilitar a las comunidades de propietarios a adoptar estas decisiones es una medida proporcionada 2020 En enero de 2020 se celebró una junta vecinal que decidió la prohibición de esta actividad, con un voto en contra y una abstención. Nueva normativa El Área de Urbanismo del consistorio madrileño ultima la modificación del Plan General del Ordenación Urbana. Estará listo en 2025. 93% El ayuntamiento publicó en abril un listado de todos los pisos turísticos que disponían de licencia municipal. El 93% de los mismos eran ilegales«El negocio les resulta tan lucrativo que merece la pena enemistarse con el resto de la comunidad», apunta Trujillo a este periódico. Por ello, a pesar de la pronunciación del Tribunal Supremo en torno a este debate vecinal no ha frenado la actividad en esta urbanización, según han constatado los vecinos afectados.Ellos saben que sus derechos se encuentran por encima de lo que genera este negocio, por lo que los ánimos de conseguir la victoria definitiva han vuelto a florecer después de la sentencia anunciada a principios de este mes. «Nuestra lucha no acaba ahora. Hay que seguir», insiste Antonio.Las asociaciones vecinales de las zonas con mayor presencia de pisos turísticos de la capital se muestran contentas por el pronunciamiento del Supremo, que ha permitido «clarificar» y «establecer las reglas de juego» de un sistema caótico. Eso sí, según apunta Víctor Rey, presidente de la asociación de Sol y Letras, no significa que «descongestione» una problemática que apunta a cada vez más barrios de la capital. «Mientras no se reformen las leyes que regulan esta actividad, todo seguirá igual». Leticia García, miembro de la asociación de vecinos de Los Jerónimos y portavoz de la coordinadora de Madrid Centro, se muestra «contenta» con la decisión del tribunal. Eso sí, recuerda que en la capital, con la actual la crisis de la vivienda y tras la manifestación que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid por la que marcharon para pedir soluciones al problema, «nos parece inaudito que haya miles de viviendas turísticas ilegales y que no se cierren».Mientras que esta comunidad de vecinos tiene los recursos y posibilidad de conseguir una mayoría para decir qué actividad económica quieren en sus edificios residenciales, existen otros madrileños que residen arrinconados por turistas. Muchos de ellos, determinan desde las asociaciones vecinales, sin licencia.El pasado mes de abril, el alcalde de la capital, José Luis-Martínez Almeida, anunció un «plan de acción» para «ordenar» las viviendas de uso turístico y «equilibrar el mercado de hospedaje de la ciudad». «Lo que pretendemos es conciliar el mejor descanso de los vecinos, sin ignorar que estamos ante un sector que representa una actividad económica importante», aseguró entonces el primer edil.madrid_dia_0703Señaló que se congelaban las licencias de pisos turísticos -tan solo el 7% operaban de manera legal- durante un año, propuso sanciones a los infractores que alcancen los 190.000 euros y aumentó la plantilla de inspectores. Además, publicó un listado oficial de las VUT con licencia que funcionan en la ciudad. A pesar de ello, las asociaciones insisten en que los propietarios siguen saltándose la ley y que tras estas medidas «apenas habrán cerrado unas 500 viviendas».Hoy, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad trabaja en el borrador de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que presentará al Pleno en el primer trimestre de 2025 y deberá ser avalada por el Ejecutivo regional. Solo ahí se volverán a restablecer las licencias.