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El fiscal Gabriel González lleva veinticuatro años ejerciendo el Ministerio Público en España, los últimos siete años en Sevilla, donde se ha especializado en ciberdelincuencia y delitos sexuales cometidos a través de Internet. En esta parte de una amplia entrevista realizada en la Audiencia de Sevilla el pasado miércoles, da su opinión sobre el Poder Judicial y sobre algunos casos mediáticos en los que la actuación de la Fiscalía está resultando controvertida. Lo hace desde la distancia, con valoraciones generales y reconociendo que no conoce el detalle de los casos por los que se les pregunta.-¿Cómo ve la situación del Poder Judicial en España?-El Poder Judicial es parte del reflejo de la sociedad. Si está muy polarizada y hay muchos conflictos, esto se refleja aquí. Pero quiero decir que el Poder Judicial en España está integrado por gente muy profesional y que actúa de acuerdo con lo que han jurado. -El Poder Ejecutivo siempre ha querido controlar el Poder Judicial pero parece que ahora lo disimula menos. ¿Es realmente independiente en este momento?-Esto no es nuevo pero ahora quizá se vea mejor este intento de controlarlo. Pero ese control no se va a producir porque no va ser sólo un juez el que va a decidir algo sino un órgano judicial por la vía de los recursos. -¿Es injusta esa etiqueta que se les pone a jueces y fiscales de «conservadores» y «progresistas»?-Cada fiscal y cada juez tiene sus ideas en su casa pero cuando se pone la toga imparte justicia, con independencia de sus ideas. Se pueden equivocar, por supuesto, pero no por motivos ideológicos. Me parece muy injusta esa etiqueta y esto, además, se produce con más intensidad que antes. Cuando se presenta a un juez o a un fiscal para un puesto se le califica por eso. Una de las causas que llevo específicamente tiene relación con personas que pertenecen a determinado partido político y a mí eso me da igual, que sea de un partido u otro. Lo que me interesa es si hay un comportamiento delictivo. Si un juez archiva algo o decide continuar con una investigación, lo hace en conciencia. El derecho tiene matices, no es 1+1=2. Por eso no comparto que se hable de prevaricación cuando un juez no ve algo.-Hay fiscales que se oponen a que se investiguen determinadas denuncias, como en el caso de Begoña Gómez. ¿No es la función del fiscal favorecer la investigación de posibles delitos, aunque luego se pida el archivo si esos indicios iniciales no se confirman?-La concepción anglosajona de la Fiscalía es acusar porque para la renovación de mi puesto me va a venir mejor, o para aspirar a ser fiscal de distrito o fiscal general. En España, por Constitución y por Estatuto, nuestra obligación es la legalidad. Yo no acuso porque sí; y si no veo nada delictivo, pido el archivo. En los casos mediáticos, esto choca. Yo he ido a juicios por prevaricación contra alcaldes de un determinado partido en los que no he visto delito después de la fase de instrucción que han hecho mis compañeros. Y entonces he retirado la acusación. Y no ha tenido nada que ver las siglas políticas del acusado o si era hijo o mujer de alguien conocido. -En el caso del máster de la mujer del presidente del Gobierno da la impresión de que la Fiscalía está del lado de la investigada y que no quiere que se investigue. ¿Los fiscales son realmente independientes en casos que afectan a personas poderosas o del entorno del poder político?-Los fiscales estamos jerarquizados y podemos recibir instrucciones específicas sobre un caso, pero nunca contrarias a la ley. Todos los fiscales tenemos un jefe pero estas instrucciones tienen que ser fundamentadas, no porque el jefe lo diga. El Derecho no es ni blanco ni negro, tiene sus grises, y para eso están las juntas de fiscales donde se tratan posibles discrepancias cuando dos no están de acuerdo.-El fiscal general del Estado depende del presidente del Gobierno y no parece que actúe con independencia.-Sí, eso se dice. Y a partir de ahí todo en cascada. Pero el fiscal general del Estado no se preocupa por lo que haga un fiscal con un robo en el Carrefour de Sevilla.-Por un robo en Carrefour no, pero por un caso como el que le he comentado, quizá sí…-Claro. Pero siempre tiene que dar cuentas de esa actuación y tiene que haber una unidad de acción. Porque no puede ser que en un sitio se haga de una manera y en otro de otra. Da igual que algo ocurra en La Palma o en Cazalla de la Sierra, el fiscal debe actuar de una manera uniforme. -Que un juez investigue no debería ser malo, todo lo contrario. -Si llega una denuncia, salvo que se vea claramente que es una barbaridad, la obligación es investigar. Y cuando se llega a un punto en que no ves delito, o no hay más vías que investigar, hay que archivar. Nadie investiga porque sí, a ver qué pesco. Todos sabemos que eso no se puede hacer, que no se puede investigar toda la vida de alguien a ver si ha hecho algo malo. Además, cualquier investigación prospectiva la anularía el Tribunal Superior de Justicia o, en última instancia, el Tribunal Supremo. Sería algo ilegal.-¿Cree que eso se está produciendo en el caso del máster de Begoña Gómez?-Yo no conozco los datos, pero yo creo que a ningún juez se le ocurriría abrir una investigación sin tener una base. De la nada ningún juez investiga. En todo caso, ahí están los recursos, si es que la investigada cree que le están investigando de más. Y los tribunales resolverán. Puede ser que el juez vea algún delito y luego llegue la Audiencia Provincial y diga este sí, este no. -En el caso de la aplicación de la ley de amnistía ha habido muchas discrepancias entre los fiscales, que se han manifestado en contra el criterio del fiscal general del Estado.-Sí, en esos casos más mediáticos se ha visto que no todos los fiscales están de acuerdo, especialmente en el tema de la malversación. Se plantean discrepancias.