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En 1971, un ciudadano británico llamado Chrissie Maher denunció ante el Gobierno que los formularios que había que rellenar para acceder al Consejo Nacional del Consumidor en Inglaterra eran ininteligibles. Aquella protesta fue una de las primeras en defensa del lenguaje claro, y supuso la creación del Plain Language Movement, que se extendió rápidamente por Francia, Bélgica, Italia o Suecia: de pronto, ciudadanos de todo el continente exigían a las autoridades que se expresaran de forma comprensible. Aquí podría empezar la historia del lenguaje claro, aunque la queja contra la burocracia es antigua como el hombre, o al menos como el Estado: ya en el XIX los pensadores ilustrados insistían en la necesidad de redactar las leyes con una prosa accesible, y mucho antes, en los siglos de oro españoles, los escritores se despachaban contra la oscura Justicia, escrita en mayúscula. Quizás esto empezó en el derecho romano, cuando alguien sentenció aquello de que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento».«Nunca se podrá revertir esa máxima», asevera Santiago Muñoz Machado, que acaba de publicar ‘Fundamentos del lenguaje claro’ (Espasa), un ensayo en el que perfila la historia del movimiento y fija su margen de acción. «Los romanos decían aquello no porque todos fueran capaces de entender las leyes, sino porque tenían la posibilidad de acudir a un experto a que se las explicase. Y yo creo que la presencia de los expertos especialistas en cada sector será siempre imprescindible. Lo que tiene que cambiar son esas resoluciones que están directamente dirigidas a los ciudadanos y que estos tienen que cumplir sin intermediación, como las cartas de Hacienda. Es ahí donde el lenguaje claro es una reivindicación», explica el jurista y director de la RAE. Todo parte, cuenta, del derecho a comprender. «Hay derechos que no están recogidos en la Constitución, pero que luego los tribunales constitucionales o el Supremo acaban deduciendo de otros principios o reglas. Este es uno de ellos. El derecho a comprender está integrado en el principio democrático. Los ciudadanos necesitan de la comprensión para poder participar y usar los derechos que la Constitución les confiere. Está vinculado a la igualdad, también, en cuanto a que hay gentes que no tienen capacidades suficientes para entender (por edad o enfermedad) y tienen derecho a que se dirijan a ellos en un lenguaje accesible para poder ejercer los demás derechos. Porque si estos ciudadanos no tienen acceso a la información los están marginando del aprovechamiento de las libertades y los derechos solamente porque no entienden el mensaje», asevera.La exigencia del lenguaje claro, insiste el autor, no se reduce al ámbito burocrático y judicial, sino que se extiende a todos los sectores de interés general, como entidades financieras, de seguros, compañías médicas y un largo etcétera. A lo largo del libro, Muñoz Machado va repasando los logros del movimiento. Uno de ellos, la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, lleva el sello de la RAE: se trata de una organización que pretende fijar un canon de lo que es lenguaje claro y lo que no, para evitar que la multiplicidad de guías de otras entidades no derive en la aparición de criterios contradictorios. De hecho, dice, eso es lo que está ocurriendo con el lenguaje inclusivo, al que le dedica bastantes páginas.Lenguaje inclusivo«Hay una cierta tendencia en el poder a intervenir declarando lo que es justo o injusto, cómo se tiene que hablar, cuáles son las formas aceptables o no. De pronto tenemos una guía del lenguaje políticamente correcto, otra guía del lenguaje inclusivo, otra guía del lenguaje tal y cual… Estas guías establecen criterios sobre el uso de la lengua. Hasta ahora, aquí, en España, no se habían hecho normas sobre el uso de la lengua más allá de la Academia, que las hacía uniformemente por una población de 600 millones de personas. En la medida que esas guías se utilizan para proclamar lo que es gramaticalmente justo o injusto, léxicamente correcto o no, se está produciendo una interferencia en el uso de la lengua. Las leyes ahora lo que tienen que hacer es dejar a los ciudadanos que construyan y vayan variando la manera de hablar libremente, sin interferencias. El poder público se inmiscuye en algo que no es suyo, que es la creación y mantenimiento de determinados estándares lingüísticos», afirma Muñoz Machado, que añade: «Se puede producir un efecto que jamás ha ocurrido en tres siglos y pico de gobierno de la Academia, que es la presencia de muchas reglas, de muchos reguladores donde había un solo regulador».Sin embargo, precisa, el desdoblamiento del género –una de las grandes reivindicaciones de los defensores y defensoras del lenguaje inclusivo– sí es compatible con el lenguaje claro. «Los desdoblamientos no afectan al lenguaje claro. Si uno desdobla masculino y femenino veinte veces en dos párrafos lo que está produciendo es una manera de hablar ridícula, fuera de uso, pero desde luego no siempre es contraria a la gramática. Eso es correcto gramaticalmente, aunque nadie lo usa. Solamente se utiliza en las introducciones de los discursos políticos, pero ningún político siquiera es capaz de mantener ese desdoblamiento en el discurso mismo más allá de la primera frase», opina.Por cierto, ¿los políticos están oscureciendo el lenguaje con su propaganda? «Los políticos de hoy hacen lo que pueden con el lenguaje. El problema no es el lenguaje, sino más bien el ocultamiento de hechos: no es decir las cosas incorrectamente, sino no decir las cosas como son, no contar los programas que se piensan desarrollar, equivocar a la gente sobre cuál es el sentido de una política, decir al electorado cosas que luego no son las que se ejecutan cuando se accede al poder. Este tipo de fenómenos no están vinculados al lenguaje claro. El lenguaje claro se refiere a que las comunicaciones se entiendan. Si en la comunicación hay ocultación, pues eso es otro tema», remata.