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El Gobierno socialista enchufó en la Junta de Andalucía a familiares de dirigentes del PSOE utilizando correos electrónicos en los que se instruía sobre a quiénes había que colocar y con qué cargos estaban emparentados . Las contrataciones se realizaron a marchas aceleradas a través de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo —más conocida por su acrónimo, la Faffe— tan sólo unas semanas antes de que el Ejecutivo andaluz de José Antonio Griñán (2009-2013) acordara disolver esta entidad autonómica, el 29 de abril de 2011, e integrar a sus más de 1.600 empleados en la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde la mayoría siguió trabajando.El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado conversaciones entre directivos de la Faffe que «demostrarían la existencia de contrataciones dirigidas a personas solo por el hecho de mantener vínculos de amistad, parentesco e incluso afinidad política con responsables de la Administración andaluza», gobernada por el PSOE de forma ininterrumpida durante casi 37 años, hasta enero de 2019. La Policía Judicial llega a esta conclusión tras realizar un primer análisis de 235.125 conversaciones asociadas a las cuentas de correo corporativo de antiguos responsables de Recursos Humanos (RR. HH.) de la Faffe, extraídas de un disco duro facilitado por el SAE mediante una orden judicial. Su investigación se ha plasmado en un atestado policial de 278 páginas, al que ha accedido ABC, que forma parte del voluminoso sumario de la macrocausa de la Faffe . El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga el uso fraudulento de subvenciones y el supuesto nepotismo en la fundación creada por la Junta de Andalucía en el año 2003 para impartir formación a los parados.«Destruye el correo después de usarlo», conmina el director de RR.HH. de la fundación de la Junta de Andalucía a una subordinadaConscientes de la ilegalidad, los responsables de la Faffe encargados de las contrataciones recomendaban en sus mensajes «destruir» uno de los correos que contiene «un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE» para colocarlas en la fundación, especifica el informe. Su empeño es borrar todo rastro que pudiera comprometerlos. La única capacitación de los contratados era la de ser hijo de una exdiputada socialista, sobrina de una alto cargo de la Junta o la nuera de la cuñada de un expresidente del Gobierno , según consta en uno de los correos examinados. Contratos con ‘pedigrí’ socialistaEl citado ‘e-mail’ lo envía a las 19.18 horas del 16 de marzo de 2011 el director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca , a María Antonia Rufo, adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas. Aunque el asunto que figura en la bandeja del correo, «temas comentados hoy», ofrece pocas pistas, el cuerpo del mensaje menciona con nombres, apellidos y lazos de parentesco a quiénes habría que contratar. Son «Antonio Jesús A. A., hijo de Aurora Atoche, PSOE Sevilla », en alusión a la que fuera diputada autonómica del PSOE entre 1996 y 2004; «Cristina G. R., sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero, presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta y miembro de la Fundación Alfonso Perales, la ‘fábrica’ de ideas del PSOE andaluz y, por último, Mónica F. F., «nuera de Carmen Mejías», que entonces era la directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, indica el correo. En la última aspirante al puesto, el directivo de la Faffe se explaya más y aclara que Mejías es, a su vez, «mujer de Juan María González y, por tanto, cuñada de Felipe González» .En un correo un directivo indica que hay que colocar al hijo de una exdiputada, la sobrina de una alto cargo de la Junta y la nuera de la cuñada de Felipe González«Junto con lo que te he puesto en la ‘black’ es lo que hay que incluir mañana en el listado», prosigue el mensaje, que concluye con la siguiente orden: «Destruye el correo después de que lo hayas utilizado». Tan extraña petición evidencia, para la UCO, la «opacidad» que rodeaba estas contrataciones.Durante las pesquisas, la Guardia Civil comprobó que, en efecto, los parientes de los políticos referidos fueron incorporados como «técnicos» y formaron parte del personal de la Faffe cuando estaba próxima su disolución. Sus nóminas se financiaban con cargo a programas de subvenciones concedidas por la propia Junta de Andalucía . Entre 2003 y 2011, el organismo recibió alrededor de 300 millones de euros de fondos públicos, de los que 55 millones nunca llegó a justificarlos.Con anterioridad a su entrada en la fundación, en octubre de 2010, el Gobierno socialista había pactado con los sindicatos el ‘blindaje’ de las 1.664 personas que estaban a sueldo de la misma. Al día siguiente de su extinción, pasaron a ser absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo, la agencia pública que gestiona la red de oficinas de empleo repartidas por Andalucía.Noticia Relacionada estandar Si Dos ex cargos socialistas enchufados en la Faffe se libran del banquillo al prescribir el delito Antonio R. Vega Un exalcalde de Montellano y un exedil de Jerez han sido investigados pero, a diferencia del exregidor de Lebrija, sí acudían a trabajarEntre febrero y abril de 2011, cuando la entidad ya tenía los días contados , el departamento de Recursos Humanos de la entidad pública registró una actividad frenética. Los agentes sospechan que los parientes de cargos socialistas se incluyeron en el citado «listado» que menciona el director de RR. HH. «para poder ser subrogados con el Servicio Andaluz de Empleo». Lo que no han podido averiguar es qué contenía el mensaje enviado a través de «la black» [móvil]. El correo contradice las declaraciones policiales que realizó el directivo de Personal durante la instrucción. « Todo el mundo que ha sido contratado ha pasado por un proceso de selección », respondió en octubre de 2015, cuando la UCO le preguntó si allí se colocaba a familiares o amigos.«Inventan» proyectos financiados con dinero público para colocar a personal El 10 de febrero de 2009, el director de Recursos Humanos de la Faffe se pone en contacto con la adjunta a la Dirección de Desarrollo de Personas de la fundación para darle la siguiente instrucción: «La idea es inventar un proyecto para hacer fijos a programas a algunos. El resto irán a la calle». Más allá de la irregularidad de convertir un contrato temporal en fijo, a la Guardia Civil le llama «poderosamente» la atención que se llegue a proponer «inventar» una actividad financiada con fondos públicos de la Junta de Andalucía, «con el único fin de hacer fijo a determinado personal, sin entrar a valorar la necesidad e idoneidad del supuesto proyecto». El rastreo de los correos avala la hipótesis policial de una complicidad entre responsables de la Faffe y altos cargos de la Junta. « Habría existido una sólida connivencia entre los diferentes responsables de la fundación , e incluso entre otros responsables de la Administración, a la hora de cubrir los diferentes puestos ofertados dentro de la Faffe con personas de su confianza, no respetando los procedimientos de transparencia, capacidad e igualdad de oportunidades que deberían regir en este tipo de contrataciones», esgrime.«Dos [enchufadas] de Rivas que tienen que entrar y no tienen el perfil», indica un mando de la Faffe en relación a Antonio Rivas, delegado de Empleo en SevillaLas relaciones personales se anteponían incluso a las necesidades laborales de la propia entidad. Hay una cadena de mensajes «clarificadora» para la Guardia Civil. El 2 de enero de 2008, Carmen Lara Pérez , gerente de la Faffe en Sevilla, le pregunta al director de Personal, Antonio Jiménez, si ya ha hablado con Isabel Quílez, «la secretaria general del SAE», sobre una oferta laboral por la que se había interesado el director de la fundación, Fernando Villén Rueda, miembro de la Ejecutiva regional del PSOE entre 2008 y 2010, que ha sido condenado a seis años de prisión por pagar con dinero público en prostíbulos . Jiménez, tras rebotarle el correo, informa a Rufo Muñoz de que se trata de «dos de Rivas que tienen que entrar y no tienen el perfil» y le propone dos opciones para hacerlo. Volviendo a nombrar de nuevo a Quílez, señala que aunque ella no lo sepa « ya después lo arreglamos o le decimos que son enchufes de su delegado ». La UCO apunta a dos posibles recomendadas de Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010.Al menos, 200 personas de la plantilla de la entidad de la Junta, que recibió unos 300 millones de euros de fondos públicos, estaban vinculados a partidos políticos —principalmente, el PSOE andaluz— o sindicatos, apuntaba ya la UCO en un informe entregado en junio de 2017 al juez de Sevilla que investiga los enchufes y contratos a dedo en la Faffe.