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El Gobierno vuelve a llevar el combate de la ley de Vivienda a las autonomías y amenaza con quitar financiación si estas no aplican la normativa aprobada por el PSOE y sus socios al final de la anterior legislatura. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha elevado este jueves el tono al advertir de que las regiones que no cumplan con la ley de alquileres no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda de cara a la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda, en un claro reto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Lo ha asegurado así Rodríguez durante una intervención en TVE. «Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley», ha explicado, recordando que las regiones efectúan entre el 70% y el 75% con dinero del Estado.Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la ministra ha afirmado que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa.«Y, por tanto, la propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», ha subrayado. Rodríguez ha afirmado que el problema de la vivienda «no va de pelearse con el Gobierno» y se ha dirigido expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.«Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso», ha defendido.Rodríguez ha recordado a la Comunidad de Madrid que hay una herramienta, la Ley de Vivienda, que permite dar respuesta a esa situación. «Y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias para que dé respuesta a esa situación. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten al cumplimiento de la ley», ha abundado.Rodríguez no ha aclarado qué puntos concretos de la ley son los que no están cumpliendo las autonomías. Buena parte de la norma, y sobre todo en lo que se refiere a la limitación de los alquileres, la Ley estipula que son las comunidades las que deben decidir, pero en ningún caso es obligatoria su aplicación. De hecho, hasta el momento, solo Cataluña ha abogado por poner un precio máximo a las rentas y con resultados no tan buenos como cabría esperar para el Gobierno y la Generalitat catalana. Como ya contó este periódico, tras seis meses con los topes en vigor , el precio de los arrendamientos en Barcelona se ha encarecido por encima de los 1.600 euros y las colas para ver un piso sobrepasan de media las 300 personas.