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Ada Colau: “La ultraderecha ha sabido diagnosticar mejor que el PSOE el malestar de la ciudadanía”

jueves, 19 de noviembre de 2026
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Ada Colau: “La ultraderecha ha sabido diagnosticar mejor que el PSOE el malestar de la ciudadanía”
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Ada Colau (Barcelona, 52 años) se presenta a las generales del 29-N para cambiar radicalmente las políticas públicas de vivienda en España. Motivada por el clamor en la calle que precipitó las elecciones y la aprobación del decreto para prorrogar los alquileres que su espacio político peleó más de u...

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Ada Colau (Barcelona, 52 años) se presenta a las generales del 29-N para cambiar radicalmente las políticas públicas de vivienda en España. Motivada por el clamor en la calle que precipitó las elecciones y la aprobación del decreto para prorrogar los alquileres que su espacio político peleó más de un año en el Ejecutivo con el PSOE, la candidata de Frente Amplio (FA), activista antidesahucios durante décadas y alcaldesa de Barcelona de 2015 a 2023, se esfuerza en combatir los llamamientos al voto útil de Sánchez, que amenaza con menguar su representación en el próximo Congreso. Atiende a EL PAÍS el martes, en un hotel de la capital, y advierte: “Sin pensiones, salarios, ni servicios públicos dignos, la sociedad se puede romper”.

Pregunta. ¿Le preocupa que el discurso de descontento por la inacción del Gobierno que está dando el Sindicato de Inquilinas pueda llevar a la abstención?

Respuesta. Ya hemos visto lo que es capaz de ofrecer la derecha en materia de vivienda: pura especulación. En cambio, del PSOE y de Pedro Sánchez espero mucho más, y el conjunto de la población estas dos legislaturas esperaba más. Sánchez ha suspendido en vivienda y hay que decirlo para poderlo remediar. Hay un malestar social y hay que exigir un cambio radical en estas políticas. El presidente se equivoca cuando se muestra triunfalista y dice que el Gobierno progresista ha sido el mejor posible y que la economía funciona muy bien. Es verdad que la economía ha mejorado en algunos aspectos, pero en realidad ha habido ámbitos determinantes, como la vivienda, donde se ha empeorado. Si Frente Amplio entra en un futuro gobierno progresista, me comprometo a hacer desde el primer minuto lo que Sánchez no ha hecho en ocho años. Es decir, enfrentarnos a los especuladores y hacer bajar el precio de la vivienda.

P. Pero ya han estado siete años gobernando, ¿por qué habría de confiar ahora el electorado en ustedes?

R. Fuerzas políticas que hoy están en el Frente Amplio han estado en los gobiernos anteriores y han hecho todo lo que han podido, pero la responsabilidad era del PSOE, eran sus ministerios. Eso se puede arreglar y es la función de FA. Por eso decimos que somos un voto doblemente útil, porque nos presentamos, igual que el PSOE, para garantizar que, si de nosotros depende, no habrá un Gobierno de extrema derecha, pero vamos más allá: nuestro voto va a servir para que se aborden cuestiones pendientes, especialmente en vivienda.

P. ¿Cuál de esas medidas sería irrenunciable a la hora de pactar un programa de gobierno?

R. No será una sola, se trata de cambiar el paradigma. Si FA está en el Consejo de Ministros, habrá medidas que cambien estructuralmente el mercado de la vivienda y eso pasa no solo por aumentar el presupuesto y hacer un parque público más amplio, sino también por otras que tengan efectos inmediatos: la renovación automática de los contratos y la bajada de los precios del alquiler para que sean proporcionales a los salarios reales de la ciudadanía, que hemos tenido una subida de más del doble del precio del alquiler respecto a los salarios. Luego, expropiar a los fondos buitre y hacer que especular no salga a cuenta.

P. Aboga por topes de alquiler ligados al 25% de la renta media del barrio y reducciones adicionales del 30% en determinados municipios. ¿Qué evidencia tiene de que una intervención tan intensa no va a reducir la oferta?

R. Si fuera una única medida, entiendo que pudiese tener efectos contraproducentes, pero planteamos cambiar el paradigma. Todas las medidas, sea por la vía de la expropiación, sea por la de los incentivos o por la de la carga impositiva, van a llevar a que lo que te salga a cuenta sea comprar una vivienda para vivir en ella. O ponerla en alquiler asequible.

P. Una de las críticas del sector es precisamente que ese límite a los precios reduce la oferta. ¿No perjudica esto a los más vulnerables?

R. En absoluto. Cuando se ha empezado a regular el alquiler, y ha sido una primera regulación que es insuficiente, se ha contenido la subida de los precios. En Cataluña se han contenido y han bajado un poco. No es verdad que haya bajado la oferta. Hay más pisos en alquiler que nunca en Cataluña, pero se han estabilizado los alquileres. Antes se expulsaba más fácilmente.

P. Defienden crear 1,5 millones de viviendas públicas en 12 años, pero España no ha construido vivienda pública a ese ritmo ni en los momentos de mayor expansión inmobiliaria. ¿Es viable?

R. La mejor forma de explicarlo es con mi experiencia de gestión en Barcelona. Duplicamos el parque público y hoy es la ciudad de todo el Estado que tiene el mayor parque de alquiler social, y lo hicimos a través de varias estrategias. Una, aumentando la construcción directa. Otra, innovando en las formas de construcción, por ejemplo, con la producción industrial de vivienda. Eso es más económico y acelera los tiempos. Se puede hacer con colaboración público-privada, explorando la vía de las cooperativas y a través del tanteo y retracto.

P. Su propuesta fiscal estrella consiste en limitar las herencias a 10 millones de euros. ¿Esta medida no es confiscatoria, algo de lo que protege el artículo 31 de la Constitución?

R. Es una medida de pura socialdemocracia. Uno de los principales problemas es la grandísima desigualdad en la riqueza, que no para de crecer en los últimos diez años, con ricos cada vez más ricos mientras la mayoría social está más empobrecida, aunque tenga un buen trabajo. Esa desigualdad hay que atajarla porque, si no tenemos pensiones dignas, salarios dignos, ni servicios públicos dignos, la sociedad se puede romper. En una visión democrática, no veo cómo se puede justificar que, por tener un apellido y sin quizás haber trabajado jamás, recibas miles de millones de euros mientras hay cuestiones básicas en la sociedad que están por cubrir. Diez millones de euros es mucho dinero.

P. ¿Cómo se hace compatible una bajada de la edad de jubilación a los 65 años con garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que el PP ha puesto en cuestión?

R. Redistribuyendo la riqueza. Hay 4,6 millones de pensionistas que están recibiendo menos que el salario mínimo interprofesional, dos millones que están cobrando 900 euros como pensión, mayoritariamente mujeres. Una de nuestras propuestas es que la pensión mínima se equipare al SMI y, ¿cómo se sufraga eso? Con impuestos a las grandes fortunas y a los ultrarricos.

Ada Colau, el pasado martes antes de la entrevista en Madrid. ÁLVARO GARCÍA
Ada Colau, el pasado martes antes de la entrevista en Madrid. ÁLVARO GARCÍA

P. El PSOE está haciendo un llamamiento al voto útil. ¿Les resulta creíble que Sánchez prometa ahora medidas como la prestación universal por crianza que se ha negado a aprobar estos años?

R. Si Sánchez promete esta prestación, lo que tiene que hacer es llevarla a la práctica; la tiene ya diseñada y preparada. Todavía quedan dos consejos de ministros hasta las elecciones.

P. ¿A qué achacan que haya un 21% de los votantes que apoyaron a Sumar en 2023 que ahora podrían irse al PSOE?

R. Sánchez ha decidido jugarlo todo a la carta del voto útil. Insisto en decirle que me parece un error centrarlo todo en eso. Para frenar a la extrema derecha hacen falta políticas valientes que den respuesta al malestar social. La extrema derecha hay una cosa que sí ha hecho mejor que el PSOE, que es diagnosticar cómo está la ciudadanía. Y hay mucho malestar porque lo de la vivienda es una vergüenza, porque la cesta de la compra está carísima, por la desigualdad en la riqueza, porque hay cosas que no funcionan, porque ha habido casos de corrupción en el PSOE.

P. Ha dicho estos días que habría sido más contundente contra la corrupción que afectaba al socio de haber estado en el Gobierno, ¿hubiera roto?

R. Lo mínimo que tenía que suceder es lo que sucedió, que es que Sumar exigió que se apartara a cualquier persona que tuviera indicios de corrupción y que había que seguir avanzando en más medidas anticorrupción. Se puso la línea roja en que afectara al partido que estaba gobernando. En ese caso se habría roto porque sería motivo de una desconfianza inasumible. Tenemos que ser muy estrictas en la lucha contra la corrupción porque la derecha, que es mucho más corrupta que las formaciones de izquierdas, la utiliza para desmoralizar y para decir que todos son iguales. Y tenemos que reivindicar que no es así, que hay partidos que no tenemos casos de corrupción y que hay que tomar todas las medidas necesarias para que no se desprestigie la representación política.

P. ¿Estuvieron a la altura los partidos de su espacio en la crisis de Ceuta?

R. El Gobierno no supo reaccionar en un primer momento. Era mes de agosto, pero nada lo justifica. La situación requería una respuesta de emergencia. Ahí el Gobierno tardó demasiado, especialmente el presidente. Eso lo aprovechó la extrema derecha para fomentar discursos de odio, para crispar y, por lo tanto, fue un error doble.

R. España es racista en la medida en que todo el entorno occidental es racista, y tiene leyes racistas, como la de extranjería, que habría que reformarla, porque la regularización no tiene que ser extraordinaria. El hecho de que se tenga todavía hoy como fiesta nacional el 12 de octubre es una expresión de racismo institucional. Celebrar el expolio de hace centenares de años de España en América Latina no es la mejor fiesta nacional, una fiesta que nos viene desde el franquismo, el Día de la Raza.

P. Hay una iniciativa coordinada por cinco países de la UE para construir centros de deportación en Ruanda. ¿Se puede aislar España de una política generalizada en la UE?

R. España no tiene que rendirse a la deriva autoritaria que está viviendo Europa. El país ha alzado la voz contra el genocidio en Palestina y, en la misma línea, tiene que defender los principios de la fundación europea y la legislación internacional. Estas nuevas políticas europeas de querer enviar a campos de concentración en terceros países a migrantes violan toda la legislación de derechos humanos y España tiene que poner un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que se practiquen.

P. Jordi Wild cuestionó en su entrevista que 44 mujeres asesinadas este año fuera un problema estructural. ¿Cómo se combate el discurso de banalización de la violencia machista?

R. Con firmeza, con principios claros, defendiendo la verdad frente a los bulos de la extrema derecha y recordándole a Jordi Wild y a quien haga falta que 44 asesinatos machistas no es algo que se pueda normalizar. La única cifra con la que nos conformamos es cero. Hay que buscar argumentos que puedan llegar a los diferentes canales y públicos. Los chicos jóvenes que escuchan a Jordi Wild quizás puedan entender mejor lo inaceptable de la violencia machista si les ponemos el ejemplo de que si asesinaran cada semana a un youtuber en España habría un escándalo nacional y estarían todos pidiendo medidas extraordinarias y que incluso el ejército los protegiera.

P. Viendo el resultado, ¿cambiaría algo de la negociación previa al registro de la coalición con Podemos?

R. No. Ofrecimos la máxima generosidad para que todo el mundo que quisiera participar en un frente amplio pudiera encontrarse y si alguien no se quiso sentar, pues no se quiso sentar, pero fuimos coherentes abriendo el proyecto político a todas las formaciones progresistas hasta el último minuto. Ahora lo importante es tener claro quién es el adversario: un gobierno de derecha y de extrema derecha.

P. ¿Se quedará en el Congreso pase lo que pase el 29-N?

R. Sea cual sea el resultado yo asumo un compromiso de defender un programa político valiente en vivienda desde el Congreso en el próximo mandato.

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