David Jiménez tiene 52 años y durante los últimos 20 ha vivido en su piso en el Ensanche de Vallecas, hasta hace dos semanas. Ahora no tiene hogar. Fue desahuciado horas antes de que echaran a Maricarmen, de 87 años. Su desalojo fue más silencioso, con un despliegue policial, pero sin resistencia, n...
David Jiménez tiene 52 años y durante los últimos 20 ha vivido en su piso en el Ensanche de Vallecas, hasta hace dos semanas. Ahora no tiene hogar. Fue desahuciado horas antes de que echaran a Maricarmen, de 87 años. Su desalojo fue más silencioso, con un despliegue policial, pero sin resistencia, ni de su parte, ni de su hijo de 21 años, ni de las personas que le apoyaron. Aquel día no quiso que “nadie” se llevase un “golpe” por su “culpa”. Ahora intenta ir todos los días a la acampada de la Puerta del Sol porque cree que la organización ciudadana y la huelga general, que han convocado los sindicatos, son el camino hacia una vivienda digna. El decreto que se votó el pasado viernes en el Congreso, que incluía medidas de protección contra los desahucios, le llegaba “una semana tarde”. Y, después de que PP, Vox y Junts tumbasen las iniciativas que intentaban paliar el problema de la vivienda, ya no tiene ni hogar ni, de momento, las “migajas” que para él suponen ese texto.
El rechazo de los decretos ha desembocado en la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes. Hoy, cinco días después del fracaso de las medidas de vivienda en el Congreso, el Gobierno ha aprobado dos nuevos decretos que mantienen sin apenas modificación casi todas las medidas rechazadas por el Congreso el pasado viernes. En el primero se vuelve a incluir la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. El segundo vuelve a plantear la prórroga automática de los contratos de alquiler.
Ahora, se abre un plazo de 30 días para que la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones del Congreso tras la disolución de las Cortes hasta la constitución de las nuevas Cámaras, vote la convalidación de los decretos. En esta ocasión, el Gobierno no tendrá que depender del apoyo de Junts, aunque todavía tendrá que reunir una mayoría suficiente para sacar adelante cada uno de los textos.
Jiménez vivía en una vivienda asequible de la antigua Obra Social de La Caixa, que, según explica, pasó a un fondo luxemburgués con capital procedente de Estados Unidos. Su contrato terminó en 2022, aunque nunca dejó de pagar. Desde entonces, el resto del tiempo ha sido “de pelea” y, aunque abandonó su hogar el 23 de septiembre, tenía pagado todo el mes. Ha dejado su apartamento, pero no el barrio. Vive temporalmente en la casa de su vecina, que se la ha cedido mientras ella cuida de su madre. Sin embargo, quiere irse: “Si empezamos de cero, empezamos de cero”, asegura. Lamenta que las medidas sobre la regularización en el alquiler de habitaciones fuesen rechazadas con el decreto que se tumbó en el Congreso. Ahora tendrá que confiar en la Diputación Permanente para que apruebe los dos nuevos textos que ha sacado adelante hoy el Consejo de Ministros. Pues, su objetivo inmediato es encontrar un dormitorio, pero no puede asumir los precios: “Estoy viendo zulos donde solo cabe una cama por 500 euros”.
No es el único en la acampada al que han echado de su casa. Después de que le ayudaran con su desahucio en mayo, Mariano Ordaz Martín, de 67 años, es una celebridad en el Sindicato de Inquilinas. Su antiguo hogar se encuentra en el madrileño barrio de La Latina y estuvo habitado por su familia durante 86 años. Primero llegó su abuela en 1940, después el piso pasó a su padre, cuando este falleció a su madre y, por último, a Ordaz. Ha vivido toda su vida allí, excepto los últimos cinco meses. Ahora el piso está vacío. Una verja protege la puerta, en la que todavía se pueden ver los arañazos y roces del desahucio. Le han cambiado la cerradura, pero Ordaz sigue conservando la llave del portal.
La edad no parece quitarle energía. Se levanta todos los días a las ocho de la mañana en Plaza de Castilla, donde un compañero del Sindicato de Inquilinas le ha dado una habitación. Cruza todo Madrid y vuelve a su vecindario. Allí reparte el periódico a los que son sus amigos y, desde el sábado pasado, también va a la acampada, donde se pasea por las tiendas igual que si fuese su barrio. No confía en las soluciones propuestas por el Gobierno. “Son un parche”, sentencia. Él apuesta por la solidaridad y la unión de la gente, que le ayudó a frenar cuatro intentos de desahucio, y destaca la fuerza que ha adquirido el movimiento tras el caso de Maricarmen. En la acampada intenta devolver parte del apoyo que recibió durante años: “Voy a respaldar a los compañeros, a ver si hay algo que arreglar y si puedo ayudar en algo”, explica.
Al igual que Ordaz, Ámbar Nieres, de 43 años, nunca ha olvidado sus “raíces”. Salió de Venezuela hace más de 10 años y se instaló en España con sus dos hijos. En todos los desplazamientos que ha tenido que afrontar, Nieres ha conservado un cuatro venezolano, un instrumento típico de su país. Vivió durante ocho años en una casa del barrio del Pilar, en Madrid, hasta que fue desahuciada en 2024. Su situación le ha hecho participar en las actividades del Sindicato de Vivienda de Tetuán y compagina tres trabajos con su participación en la acampada. Se organiza en turnos: sale de trabajar y se desplaza hasta allí, come en la acampada, se va y por la noche vuelve a pasar un rato.
Ahora vive con sus hijos en un piso de la Sareb, en la calle de Francos Rodríguez. Aunque tiene un contrato de siete años, asegura que este se renueva anualmente y teme perder de nuevo su vivienda. Un miedo que nunca le abandonó, volver a ser desahuciada. En ningún momento ha estado contenta con el contenido de los reales decretos, ni con los que se votaron el pasado viernes ni con los que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, porque considera que los criterios de vulnerabilidad planteados son subjetivos y dejan a mucha gente fuera. Aunque una de las medidas del primer decreto contempla la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, todavía no ha sido aprobada. De todas formas, para ella no es suficiente y apoya la huelga general. Hoy reafirma su temor: “Seguiremos a merced de que nos sigan echando de nuestras casas”.
En la acampada, solo algunos saben lo que es perder su hogar y sienten miedo de que se repita. Adolfo Zegarra, peruano de 65 años, ha pasado de tener su techo en Vallecas, donde fue desahuciado el 1 de julio, a luchar por el derecho a la vivienda desde una tienda de campaña en Sol. Asegura que el fracaso de las medidas votadas el viernes pasado, que también planteaban regular el precio de los alquileres, dificulta aún más su acceso a un hogar digno. Sin embargo, reconoce que aunque hoy el Consejo de Ministros haya aprobado otra vez dos decretos de vivienda ligeramente cambiados a los votados la semana pasada, buena parte de las medidas no le benefician “directamente”. Él ya ha perdido su casa y ninguna medida se la va a devolver, pero sí cree que pueden evitar los desahucios de otras personas que conoce. Tras la votación de la semana pasada, ha perdido la confianza en los partidos políticos, aunque mantiene la esperanza en la protesta y en la huelga general como vía para conseguir una vivienda asequible. No obstante, su mayor miedo, al igual que el resto de los testimonios, no ha cambiado: quedarse en la calle.
