Ahora empieza la verdadera batalla sobre las cuestiones de fondo planteadas en la causa sobre el caso Plus Ultra, en el que permanece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El escrito presentado por su defensa —ejercida por el catedrático de derecho procesal Víctor Moren...
Ahora empieza la verdadera batalla sobre las cuestiones de fondo planteadas en la causa sobre el caso Plus Ultra, en el que permanece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El escrito presentado por su defensa —ejercida por el catedrático de derecho procesal Víctor Moreno Catena— plantea la nulidad de prácticamente todo lo actuado en este asunto. De hecho, de todo lo esencial. Era una iniciativa anunciada, fácilmente pronosticable, ya a la vista del primer auto del juez José Luis Calama, por la importancia que en dicha resolución tenían los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
Había ahí mucho material, pero también mucha labor de cosido de cueros y de cerrajería industrial. Dicho de otro modo, mucha labor deductiva, a partir de elementos indiciarios. Lo lógico —desde la óptica de la defensa— es que tanto la procedencia de los mensajes de WhatsApp y las conversaciones grabadas entre terceros y sin control judicial conocido, como su propio contenido, resultaran impugnados en nombre de los derechos fundamentales presumiblemente vulnerados en su obtención, análisis y profusa difusión.
Hasta ahora, el juez Calama —que ha sabido actuar con prudencia, sin recrearse en la suerte de cada pase— jugaba la partida en casa. La nueva petición de la defensa, en cambio, es un desafío, lanzado donde corresponde, en el propio terreno del instructor, el judicial, pero con fuego concentrado y a la vez abriendo foco. La petición de nulidad bate todo el ámbito de la investigación, y al propio tiempo abre un debate sobre los límites de la labor indagatoria y el derecho de defensa. Se comprende mejor el silencio de Zapatero hasta la fecha, con la excepción de la declaración del primer día y el breve comunicado de la jornada en que declaró como imputado. Poco más que la negación de la supuesta actividad delictiva y la defensa del derecho a la presunción de inocencia.
Luego la aparición de las joyas en la caja fuerte del despacho del expresidente, y su exposición al modo de alhajas robadas en un atraco, complicó las cosas. Más aún con la controversia sobre su valor y su tasación. Munición para su uso —también aquí legítimamente— en sede política, donde las reglas son muy laxas. En sede judicial lo son menos, aunque ya se conoce aquello de que el papel lo aguanta todo. Veremos en este caso, porque Calama no tendrá sus autos cogidos con alambres. En el punto que estamos, defender su labor supone en alguna medida proteger la idoneidad del material probatorio. Pero la defensa intentará llegar más arriba, a instancias colegiadas, de entrada de la propia Audiencia Nacional. Los altavoces políticos tendrán que saber interpretarlo, porque el respeto al Estado de derecho implica no atribuirlo todo al lawfare, pero también garantizar el derecho de defensa.
En cualquier caso, Zapatero y su abogado han abierto una brecha. El primer escrito para que el juez tratara de cerciorarse a fondo de las garantías con que se obtuvieron las grabaciones inculpatorias, era de tanteo. Una legítima estrategia procesal. Calama evitó seguir presionando a las autoridades norteamericanas, no estimó necesario volver a dirigirse a la Homeland Security Investigations (HSI) para que le dieran más explicaciones sobre el registro y custodia de dicho material. Pero ahora la defensa eleva la apuesta. Lo ha hecho en un momento, además, en el que existe un intenso debate sobre los retos tecnológicos y su compatibilidad con la protección del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Este proceso, en suma, pone a prueba en más de un sentido la fortaleza de nuestro Estado de derecho.
